La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado que la Fiscalía Anticorrupción no ha reclamado por ahora ninguna documentación al Ayuntamiento sobre la recolocación de personal que está bajo investigación, y ha subrayado que está especialmente ansiosa por que se le requieran esos expedientes porque, según afirma, es la primera interesada en que cualquier duda quede despejada ante la ciudadanía.
Catalá ha respondido así a las preguntas de los medios sobre la investigación de Anticorrupción por presuntos delitos de prevaricación en procesos de colocación de personal. La alcaldesa ha recordado que en un pleno de 2024, según su versión, PSPV y Compromís pidieron literalmente recolocar a once personas en puestos de la administración tras un expediente de regulación de empleo. A partir de ese episodio, ha defendido que existía una voluntad política compartida por toda la corporación, y no solo por el PP, para evitar que esos empleados públicos perdieran su puesto de trabajo después de la liquidación del organismo del que dependían.
Catalá ha explicado que esa voluntad política consistía en intentar que las personas afectadas por el ERE mantuvieran su condición de empleados públicos, siempre bajo lo que considera el paraguas de la legalidad correspondiente. A su juicio, se trataba de una respuesta institucional a una situación laboral delicada, en la que la administración buscaba soluciones para no abandonar a los trabajadores que habían visto extinguido su puesto por la desaparición de la entidad de derecho público.
Colaboración con la Fiscalía y crítica a la denuncia
En este contexto, la alcaldesa ha insistido en que lo más importante es que todas las partes aporten la información necesaria para aclarar los hechos. Ha remarcado que el Ayuntamiento lo va a hacer de forma bastante afanada y que ella misma será una colaboradora activa con la Fiscalía. Según ha señalado, el consistorio está dispuesto a entregar toda la información y documentación disponible y a colaborar de manera intensa en la investigación para que cualquier sospecha quede aclarada.
Catalá ha reiterado que, pese a esa disposición, de momento no se les ha solicitado ninguna documentación. Ha indicado que se enteró de la investigación a través de los medios de comunicación el día anterior, pero ha remarcado que está especialmente ansiosa por que la Fiscalía les pida documentación para poder remitir todo lo que obre en poder del Ayuntamiento. De este modo, insiste en que su objetivo es disipar las dudas que puedan generarse en la opinión pública sobre los procesos de recolocación.
Preguntada por las declaraciones del concejal José Marí Olano, a quien Compromís señala como pieza clave de la supuesta trama, la alcaldesa ha restado singularidad a sus palabras y ha asegurado que le parecen igual de graves o de menos graves que las de Ferran Puchades, de Compromís, o las de Javier Mateo, del PSPV. Con ello busca trasladar la idea de que las manifestaciones realizadas por diferentes representantes políticos en torno a la recolocación de personal se sitúan en un contexto similar y no pueden aislarse unas de otras.
Catalá ha insistido en que había voluntad política de que las personas afectadas por el ERE derivado de la liquidación del Consorcio intentaran mantener su condición de empleados públicos, siempre dentro de la forma legal oportuna. Ha defendido así que la intención era proteger la continuidad laboral de esos trabajadores sin vulnerar los procedimientos establecidos, presentando esta actuación como una obligación ética de la administración ante la situación creada por el cierre del ente público.
La alcaldesa ha ido más allá al asegurar que PSPV y Compromís plantearon una recolocación directa a dedo, una fórmula que el equipo de gobierno rechazó, según ha explicado, porque existía un informe en contra del secretario municipal. En este punto, ha defendido que el Ayuntamiento optó por procedimientos totalmente transparentes y sujetos a bases y criterios objetivos, diferenciando esa vía de cualquier intento de designación sin procesos selectivos.
En concreto, ha detallado que el PSOE sostuvo que se podía trabajar en la recolocación, mientras que Compromís, que es quien ha presentado la denuncia ante la Fiscalía, defendió que podían ser capaces desde la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de València de encontrar sitio a esas personas. Catalá utiliza estos argumentos para remarcar que la idea de recolocar a los empleados no era exclusiva de su formación, sino compartida por otros grupos, aunque discreparan en la forma de llevarla a cabo.
A juicio de la alcaldesa, no es un buen precedente que una administración pública, tras un ERE por la liquidación de una entidad de derecho público, no haga todo lo posible para que esos empleados mantengan su puesto. Considera que, si ese es el precedente que se pretende fijar con este caso, se estaría enviando un mensaje negativo al conjunto de las administraciones públicas, que podrían verse limitadas a la hora de buscar soluciones para trabajadores afectados por procesos de reestructuración o cierre de organismos.
En cuanto al momento y al contexto de la denuncia presentada por Compromís, Catalá ha enmarcado la iniciativa en el inicio del ciclo electoral. Según ha sostenido, ha empezado la campaña electoral y considera que, si Compromís ha decidido que la campaña empiece en la Fiscalía, esa es su opción política. Con esta lectura, sugiere que la denuncia tiene una motivación más ligada a la confrontación electoral que a la depuración estricta de responsabilidades administrativas o penales.
Respecto a los empleados que accedieron a un nuevo puesto de trabajo tras el proceso, la alcaldesa ha manifestado que, en el caso concreto del Ayuntamiento, solo fue uno: un auxiliar administrativo que obtuvo plaza en una fundación a través de un concurso oposición, con un tribunal constituido, unas bases establecidas y un procedimiento desarrollado. Ha subrayado que este empleado, además, no figura entre los señalados en la acta notarial que ha dado origen a las sospechas, lo que, según ella, refuerza la idea de que su incorporación se produjo por cauces reglados.
Catalá ha informado también de que ha solicitado a la Secretaría municipal un informe detallado del proceso selectivo de ese auxiliar administrativo, con el fin de acreditar que fue un proceso reglado, habitual y normal. Su intención, ha dicho, es remitir esa documentación a la Fiscalía para reforzar la defensa de la actuación municipal y demostrar que, al menos en este caso concreto, los pasos se dieron siguiendo los procedimientos ordinarios.
Intercambio de acusaciones sobre el enchufismo
Finalmente, la alcaldesa se ha pronunciado sobre el hecho de que Compromís hable del supuesto enchufismo de Catalá. Ha replicado que, según ella, fueron otros quienes pedían, en palabras de Ferran Puchades, que esas personas fueran enchufadas a dedo sin procesos selectivos. Con este argumento, Catalá pretende dar la vuelta a la acusación y presentar a su equipo como defensor de los procedimientos reglados frente a quienes, sostiene, proponían soluciones sin garantías. A partir de ahí, la investigación de la Fiscalía y la documentación que se aporte deberán determinar si las decisiones adoptadas se ajustaron o no a la legalidad vigente.
