Doce comunidades autónomas, once de ellas gobernadas por el PP, junto a la ciudad autónoma de Melilla y Canarias (gobernada por Coalición Canaria con apoyo del PP), han suscrito la llamada Declaración de Sevilla para exigir al Gobierno que abandone las políticas que, a su juicio, ‘atacan y desprestigian al turismo‘ y que ‘deje de alentar los movimientos antiturismo‘. El documento se ha presentado en el marco de una feria de innovación turística y fija una posición común ante un debate creciente sobre el papel del sector en la economía y en la vida de los destinos.
El texto reúne a Andalucía, Aragón, Canarias, Murcia, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Galicia, La Rioja, Extremadura y Melilla. Según los firmantes, estas regiones concentran en torno al 70 % del turismo nacional y el 75 % del internacional, por lo que buscan influir de forma coordinada en la agenda turística y reforzar su interlocución con el Estado y con el propio sector.
Bloque con peso y exigencias
Desde la organización del encuentro, el consejero andaluz de Turismo, Arturo Bernal, ha señalado que la declaración reivindica el turismo como gran industria nacional y reclama el respeto a las competencias exclusivas autonómicas en ordenación turística y territorial. En esa línea, los adheridos rechazan un ‘discurso simplista y culpabilizador‘ que, sostienen, asocia al turismo con problemas que trascienden al sector y responde a ‘acusaciones permanentes‘.
Además, denuncian la quiebra de la lealtad institucional por la ausencia de convocatoria de la Conferencia Sectorial de Turismo desde diciembre de 2023, una situación que, sostienen, les ‘obliga a coordinar y elevar sus propuestas fuera de los cauces oficialmente establecidos‘. Para los firmantes, este vacío de coordinación estatal ha dificultado consensuar respuestas comunes y ha acelerado su decisión de articular posiciones conjuntas por otras vías.
Vivienda, VUT y masificación, un debate diferenciado
Los gobiernos autonómicos firmantes abogan por separar vivienda y turismo. Aseguran que ‘la crisis de acceso a la vivienda es un problema estructural ajeno al turismo‘ y que la situación responde al fracaso de la Ley Estatal de Vivienda y a otros factores. Reclaman, por ello, ‘acciones decididas‘ basadas en un diagnóstico correcto, en lugar de buscar culpables en un sector que consideran estratégico para el empleo y la inversión.
En esa misma línea, defienden que las viviendas de uso turístico, cuando están bien reguladas por la autoridad autonómica, contribuyen a revitalizar centros urbanos y complementan la oferta alojativa, ‘no la causa de la desigualdad ni de los problemas de acceso a la vivienda que afectan a todo el país‘. Piden revisar el Real Decreto sobre el Registro Único de viviendas turísticas y ven urgente definir el alquiler de temporada, competencia estatal, con criterios temporales coherentes con la normativa turística autonómica para dar claridad y seguridad a propietarios, plataformas y administraciones.
Respecto a la masificación, la declaración sostiene que responde a la ‘ineficacia del Gobierno Central para frenar la migración interna desde la España vaciada‘. Según su diagnóstico, la concentración de población y de actividad en determinadas áreas incrementa la presión sobre los destinos más demandados. Por ello, plantean que las soluciones pasen por políticas territoriales y de planificación que distribuyan mejor la carga, en lugar de responsabilizar al turismo en su conjunto.
En transporte, critican la ‘visión mercantilista del Gobierno en la gestión de los aeropuertos regionales‘ y proponen una gestión conjunta con las comunidades autónomas orientada a la desestacionalización y a la desconcentración de la demanda. Defienden también facilitar la integración de los aeropuertos con la red ferroviaria para mejorar la intermodalidad, abrir nuevas conexiones en temporada baja y repartir los flujos entre destinos, reduciendo la presión en los puntos más saturados.
Con la Declaración de Sevilla, las comunidades firmantes fijan una hoja de ruta común, elevan la presión para reactivar los espacios de coordinación institucional y se comprometen a seguir presentando propuestas conjuntas en materia de vivienda turística, ordenación, transporte e innovación, con el objetivo declarado de blindar el liderazgo del turismo como motor económico.
