Antifraude ve carencias en una investigación de denuncias por mala praxis en Emergencias

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La AVAF reclama a Sanidad que valore posibles responsabilidades y apruebe un protocolo para estos casos

La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha advertido de «deficiencias» en la investigación de las denuncias presentadas por cuatro enfermeras del SAMU que, entre 2020 y 2021, alertaron de actuaciones médicas que consideraban de extrema gravedad durante asistencias de emergencias.

Según ha informado el Colegio de Enfermería de Valencia (COENV), el informe reprocha a la Inspección Sanitaria una tramitación «insuficientemente protocolizada» y con «déficits relevantes de documentación, trazabilidad, motivación y atención al denunciante».

Antifraude insta además a la Conselleria de Sanidad a valorar la posible exigencia de responsabilidades individuales y reclama la aprobación de una instrucción, circular o protocolo interno para investigar denuncias de presunta mala praxis médica en servicios de urgencias y emergencias sanitarias.

Denuncias de cuatro enfermeras del SAMU

El origen de la investigación se encuentra en las denuncias formuladas por cuatro enfermeras del SAMU que, entre los años 2020 y 2021, alertaron de actuaciones médicas que consideraban especialmente graves durante asistencias de emergencias, según el Colegio de Enfermería.

Ante la falta de una «respuesta satisfactoria» por parte de la Administración sanitaria, las profesionales trasladaron la situación al COENV, que terminó impulsando las actuaciones que posteriormente llegaron a la Agencia Valenciana Antifraude.

La AVAF precisa en su informe que no le corresponde determinar si existió o no mala praxis médica. No obstante, concluye que la respuesta administrativa ofrecida por la Conselleria fue «claramente insuficiente».

Críticas a la Inspección Sanitaria

En sus conclusiones, Antifraude sostiene que «la tramitación posterior por parte del Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios ha sido, asimismo, deficiente», al considerar que no agotó los medios a su alcance para comprobar la veracidad de los hechos denunciados ni analizó la actuación técnico-sanitaria con el detalle que requerían los casos.

El informe subraya que los hechos denunciados recogían situaciones de «extrema gravedad para la salud de los ciudadanos» y advierte de que en los tres casos analizados se cerraron las actuaciones alegando que no se habían producido faltas disciplinarias, sin entrar en el fondo de la presunta mala praxis médica.

La resolución añade que no ha quedado acreditada una inactividad absoluta de la Administración sanitaria, pero sí una tramitación «heterogénea» y con déficits relevantes en documentación, trazabilidad, motivación y atención al denunciante.

Sanidad deberá valorar responsabilidades

La AVAF considera especialmente relevantes esas carencias por la naturaleza de los hechos denunciados, vinculados a posibles actuaciones sanitarias de urgencia, emergencias y asistencia a pacientes en situaciones críticas, algunas de ellas con resultado de fallecimiento.

La resolución también recoge que ninguno de los tres facultativos denunciados continúa actualmente ocupando el mismo puesto que desempeñaba en el SAMU cuando ocurrieron los hechos investigados.

Entre sus recomendaciones, Antifraude pide a la Conselleria de Sanidad que valore la eventual exigencia de responsabilidades individuales respecto de los funcionarios y responsables que intervinieron en la tramitación de estas denuncias.

Nuevo protocolo para denuncias en Emergencias

La Agencia Valenciana Antifraude insta a Sanidad a aprobar una instrucción, circular o protocolo interno que regule de forma específica la recepción, admisión, tramitación, instrucción, valoración técnica, resolución, archivo y comunicación de las denuncias sobre posibles casos de mala praxis médica formuladas por personal sanitario público.

El informe incide en que esta regulación resulta especialmente necesaria cuando los hechos afecten a servicios de urgencias, emergencias sanitarias, asistencia extrahospitalaria o actuaciones con resultado lesivo grave o fallecimiento.

La resolución también recomienda al Colegio de Enfermería de Valencia que estudie la posibilidad de emprender las acciones legales, profesionales, deontológicas o jurisdiccionales que considere oportunas si entiende que de la documentación recopilada pueden desprenderse indicios suficientes para continuar la investigación por otras vías.