La Audiencia de Valencia ha condenado a 17 años y 9 meses de prisión a Joaquín Martins, conocido como ‘el Mauri’, y a otros cinco acusados por secuestrar y torturar a un hombre en noviembre de 2021 en la provincia de Valencia, a quien exigieron hasta 200.000 euros bajo amenazas y agresiones continuas.
El tribunal ha fijado además una indemnización conjunta de 10.000 euros a la víctima por las lesiones sufridas y el daño moral causado. A esta cantidad se suman 393 euros por los objetos y el dinero robados y 240 euros por los bienes destruidos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Martins es uno de los hermanos de Antonio Anglés, a quien la justicia consideró autor, junto a Miguel Ricart, de los asesinatos de las tres niñas de Alcàsser hace 30 años. Tras aquellos hechos, Martins se cambió el apellido. Antonio Anglés huyó en su día y nunca fue detenido.
Secuestro planificado durante días
Según los hechos probados, los seis condenados acordaron junto a otras personas no identificadas capturar a la víctima, Francisco, y diseñaron un plan detallado para hacerlo. Organizaron seguimientos previos, definieron el uso de violencia e intimidación para doblegar su voluntad y repartieron tareas.
La sentencia explica que no se ha podido acreditar qué función asumió cada uno, porque actuaron siempre encapuchados y con guantes. De este modo evitaron dejar vestigios biológicos o de otro tipo que permitieran identificarles de forma individual.
Durante varios días anteriores al 29 de noviembre de 2021, vigilaron a Francisco y analizaron sus desplazamientos. Eligieron la ruta que consideraron más segura para ejecutar el secuestro, el punto exacto para abordarle y el lugar donde mantenerlo retenido el tiempo necesario.
En la tarde del 29 de noviembre, los procesados se desplazaron en dos furgonetas. Llevaban ropas oscuras, pasamontañas y guantes. Abordaron a la víctima cuando circulaba en su vehículo, le encañonaron con dos armas de fuego no recuperadas y lo obligaron a salir a la fuerza.
A continuación, le golpearon por todo el cuerpo y lo empujaron a una de las furgonetas, donde lo introdujeron contra su voluntad. Después lo trasladaron hasta una nave industrial situada en Catarroja, en el área metropolitana de València.
Torturas y exigencia de 200.000 euros
En esa nave dejaron a Francisco completamente desnudo y continuaron golpeándole y amenazándole de forma repetida. Le exigieron la entrega de 200.000 euros como condición para recuperar la libertad, una cantidad que fueron rebajando cuando él insistió en que no disponía de ese dinero.
Durante el tiempo que duró el cautiverio, la víctima sufrió distintos tipos de tortura. Los agresores le azotaron con cadenas, le realizaron un corte en un dedo de la mano con unas tenazas y otro en una oreja, y le clavaron una navaja en uno de los muslos. En un momento quedó en estado de semiinconsciencia.
Aprovechando esa situación, los condenados le quemaron con brasas y vertieron un líquido sobre su cuerpo para comprobar si reaccionaba. Pese a esa violencia, el tribunal considera que finalmente se convencieron de que no iban a obtener el dinero que reclamaban.
Entonces acordaron liberarlo. A las 21.37 horas de ese mismo día lo dejaron maniatado y desnudo en la carretera de Santa Ana, dentro del término municipal de Paiporta. Allí fue localizado posteriormente, ya fuera del control de sus captores.
Las lesiones sufridas precisaron una primera asistencia facultativa y tratamiento quirúrgico y médico posterior. La curación total ha tardado 17 días, de los que 15 han supuesto una pérdida básica de calidad de vida y 2 días una pérdida moderada, según detalla la resolución judicial.
Tras el secuestro, los procesados abandonaron el vehículo de la víctima y las dos furgonetas empleadas en distintos municipios del área metropolitana de València. Esta dispersión de vehículos formaba parte del plan para dificultar la investigación.
Detalle de las penas impuestas
La Audiencia de Valencia ha condenado a seis personas como autoras de varios delitos. Las penas se desglosan en 4 años de prisión por detención ilegal, 5 años por lesiones, 2 años por amenazas, 5 años por robo con violencia y 1 año y 9 meses por daños.
Además, impone a estos seis condenados una orden de alejamiento de la víctima. No podrán acercarse a menos de 1.000 metros de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier espacio que frecuente. Tampoco podrán comunicarse con ella por ningún medio durante un periodo que se prolonga 5 años más allá de la pena de prisión.
La sentencia incluye también la condena a otra persona a 6 meses de prisión por un delito de receptación, relacionado con los efectos procedentes del secuestro. Al mismo tiempo, el tribunal ha absuelto a todos los acusados del delito de pertenencia a grupo criminal que se les imputaba inicialmente.
Los principales acusados fueron detenidos en 2023 en varios municipios valencianos, entre ellos Paterna, Alfafar y Albal. Sobre ellos pesaban cargos por detención ilegal, lesiones, amenazas, robo con violencia, daños, pertenencia a grupo criminal, robo de vehículo a motor, falsedad documental, hurto y uso de vehículo a motor, si bien no todos estos delitos han quedado finalmente acreditados en la sentencia.
