Aragón, la Comunitat Valenciana, Castilla y León y Cantabria han acordado en Teruel exigir que el Corredor Cantábrico-Mediterráneo se desarrolle con doble vía y ancho internacional, y han rechazado que la vía única modernizada pueda consolidarse como solución definitiva para esta conexión ferroviaria entre puertos del Mediterráneo y del Cantábrico.
Los representantes de las cuatro comunidades han participado en la jornada ‘El corredor que une dos mares’, celebrada en Teruel, donde han suscrito la denominada Declaración de Teruel. En este documento reclaman un impulso adecuado al corredor, integrado en la red transeuropea de transporte y concebido para conectar, a través de Teruel y Zaragoza, los puertos de ambos mares.
El texto ha sido firmado por el presidente de Aragón, Jorge Azcón; el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Cantabria, Roberto Media.
Rechazo a la vía única
La Declaración de Teruel expresa el ‘rechazo unánime’ de los firmantes a cualquier planificación de infraestructuras estratégicas que pretenda ‘perpetuar o consolidar la vía única como solución definitiva’. A su juicio, esta opción limitaría la capacidad de crecimiento del corredor y dañaría su potencial económico, logístico y social.
Las cuatro comunidades sostienen además que mantener una sola vía supondría un incumplimiento del Reglamento europeo 2024/1679 sobre el desarrollo de la red transeuropea de transporte. Este marco europeo fija estándares de capacidad y conectividad que, según los firmantes, exigen una infraestructura ambiciosa en este eje.
Frente a esa posibilidad, reclaman que el futuro del eje ferroviario se planifique como una infraestructura para mercancías y viajeros ‘de alto rendimiento, fluida y plenamente interoperable’. Para ello piden que se ejecute con doble vía y ancho internacional, integrada en los corredores europeos de transporte y desarrollada ‘de manera urgente’.
La declaración considera insuficiente limitar el corredor a las actuaciones de modernización, electrificación y mejora de la seguridad y de la capacidad realizadas durante los últimos años. Estas obras se han valorado como pasos previos, pero los gobiernos autonómicos insisten en que no pueden convertirse en el punto de llegada definitivo.
Los firmantes apelan también al principio de equilibrio territorial y a la igualdad de oportunidades. Desde esta perspectiva reclaman inversiones que eviten que los territorios atravesados por el corredor queden relegados por decisiones coyunturales y falten a los compromisos adquiridos con estas zonas.
Las cuatro autonomías se comprometen a ‘seguir trabajando desde la unidad, el diálogo institucional y la lealtad entre administraciones’ para que el corredor sea una prioridad clara de la agenda política estatal. Su objetivo es que se ejecuten las inversiones necesarias y se convierta en un eje competitivo y sostenible para el desarrollo industrial, logístico, portuario, turístico y agroalimentario.
La Declaración de Teruel subraya que las cuatro comunidades ‘se niegan a conformarse con soluciones de mínimos‘. Entienden que solo un corredor con suficiente capacidad permitirá aprovechar las oportunidades de tráfico de mercancías y de viajeros entre el Cantábrico y el Mediterráneo.
Según el documento, el respaldo conjunto alcanzado constituye además un compromiso que ‘obliga moral y políticamente’ a la Administración General del Estado, con independencia de su adscripción política. Consideran que el Gobierno de España debe defender un corredor con capacidad suficiente para las próximas décadas y ajustado a los estándares europeos.
