CSIF ha empezado a trasladar a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana un protocolo para prevenir conductas suicidas en la Policía Local, con la intención de que los consistorios asuman medidas concretas de protección de la salud mental de sus agentes y las integren en sus sistemas de prevención de riesgos laborales.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha avanzado que también registrará esta propuesta ante la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), para extender el debate al conjunto de corporaciones locales de la Comunitat. El sindicato recuerda en su escrito que la salud mental forma parte de la seguridad y salud laboral de cualquier trabajador.
Según CSIF, la salud psicológica de los policías locales debe considerarse un elemento inseparable de la prevención de riesgos laborales. Por ello pide que los ayuntamientos incorporen este enfoque de forma plena en sus planes de prevención, igual que ya contemplan otros riesgos físicos o ambientales.
Riesgo emocional en la labor policial
En su comunicado, el sindicato subraya que la actividad diaria de las policías locales presenta características específicas que justifican una acción preventiva diferenciada. Entre esos factores cita el trabajo a turnos y nocturno, la elevada carga emocional de muchos servicios y las intervenciones en situaciones violentas o de especial tensión.
También menciona las amenazas, los accidentes graves, la exposición continuada al sufrimiento ajeno, los conflictos vecinales o la presión asistencial. Estas circunstancias, combinadas en el tiempo, pueden agravar el desgaste psicológico de los agentes y aumentar el riesgo de problemas de salud mental, entre ellos la aparición de conductas suicidas.
Para responder a este contexto, CSIF adjunta a su propuesta un protocolo específico. El documento abarca desde la prevención general de la salud mental y la reducción del riesgo suicida hasta la detección precoz de cualquier indicio de alarma en un trabajador.
El sindicato plantea que el protocolo incluya mecanismos que garanticen una actuación rápida y coordinada cuando se detecte una posible situación de riesgo. El objetivo es proteger la salud, la integridad y la propia vida del agente afectado, así como asegurar el control y el seguimiento del caso hasta su resolución.
El texto sindical también insiste en la necesidad de fijar pautas claras de intervención para todos los implicados. De este modo se busca evitar dudas sobre cómo actuar en cada fase del proceso y asegurar que cada departamento municipal conoce sus funciones.
Integrar la prevención en la gestión municipal
CSIF defiende que el protocolo de prevención ante conductas suicidas se integre en el sistema general de gestión del ayuntamiento. De esa forma, podría alinearse con las evaluaciones de riesgos psicosociales que ya realizan muchos consistorios y con la formación que se imparte al personal municipal.
El sindicato reclama que la protección de la dignidad y la confidencialidad del trabajador sea un pilar del protocolo. Considera que el tratamiento de estos casos debe evitar cualquier estigmatización del agente y garantizar que la información sensible se maneja con máxima reserva.
En su escrito, CSIF propone que el documento que está presentando se incluya y debata en la próxima reunión del Comité de Seguridad y Salud Laboral de cada ayuntamiento. A su juicio, este órgano es el espacio idóneo para consensuar medidas entre la Administración y la representación de la plantilla.
Como siguiente paso, la central sindical plantea la creación de un grupo de trabajo específico. En él participarían la Administración, el Servicio de Prevención, mandos de la Policía Local, representantes sindicales y otros profesionales competentes, con el fin de adaptar y aprobar un protocolo ajustado a la realidad de cada municipio.
Por último, CSIF considera ‘fundamental’ que las medidas que se acaben adoptando ‘sean incorporadas a la planificación preventiva, cuenten con recursos suficientes y sean objeto de seguimiento periódico’. El sindicato insiste en que el compromiso político y técnico de los ayuntamientos será clave para que el protocolo tenga una aplicación real y continua, y no quede solo como una declaración de intenciones.
