La exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, investigada en la causa penal por la gestión de la DANA que arrasó parte de Valencia el 29 de octubre de 2024 y dejó 233 víctimas mortales, ha defendido que nadie debería seguir imputado porque, a su juicio, lo que ocurrió aquel día fue un fenómeno equiparable a un tsunami e imposible de prever.
Fuentes próximas a Pradas han explicado que la exconsellera considera que la magnitud de la catástrofe fue una ‘tragedia repentina’ y han insistido en que, en todo caso, pueden existir responsabilidades políticas, pero no penales. Según estas fuentes, Pradas ‘es una política, no es un técnico’, por lo que entienden que ‘no tendría que haber imputados en la causa’.
Responsabilidades y reparto de culpas
Las mismas fuentes han señalado que, si finalmente la investigación mantiene a responsables políticos en la causa, también deberían figurar como investigadas las personas ‘encargadas de vigilar la subida del cauce del barranco del Poyo’. En este punto han apuntado directamente a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y a la exdelegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.
Estas fuentes han asegurado que ‘hay una serie de personas que son las encargadas de vigilar los cauces y esas personas fallaron‘. Sin embargo, han recalcado que esos posibles errores se habrían producido en un contexto en el que ‘era muy difícil prever’ el alcance real de la DANA que descargó sobre Valencia.
Desde el entorno de Pradas se da por hecho que la instrucción concluirá con la apertura de juicio oral. Argumentan que, tras dos años de investigación, ‘es muy difícil decirle a los afectados que después de dos años no hay responsabilidades penales’. En esa línea, han afirmado que ‘esta gente tendrá su juicio, claro’, en referencia a las víctimas y a sus familias, que reclaman que se depuren responsabilidades.
Mazón se persona en la causa
Sobre la personación del expresident de la Generalitat Carlos Mazón en el procedimiento judicial, las fuentes consultadas la han calificado de ‘rara’, aunque han matizado que ‘tiene sentido’. A su entender, Mazón ‘quiere vigilar la instrucción y ver si puede ir hacia él’, lo que interpretan como una forma de controlar de cerca el desarrollo de la investigación.
En conjunto, el entorno de la exconsellera sostiene que lo ocurrido aquel 29 de octubre ‘no fue una riada ni una DANA, sino un tsunami’ y ‘una tragedia que nadie podía prever‘. Por ello, insisten en que la macrocausa abierta por la gestión de la emergencia no debería mantener a ningún responsable político imputado, pese a que dan por descontado que el proceso se prolongará hasta el juicio oral.
