Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, ha reclamado medidas urgentes a las administraciones para frenar desahucios de personas vulnerables como el de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad que ha sido desalojada de su vivienda en Madrid tras vivir en ella durante siete décadas.
Según ha explicado en un comunicado, Gabilondo ha señalado que este desalojo confirma que existen ‘deficiencias, incluso legales‘ que deben corregirse ‘lo antes posible’. A su juicio, el caso refleja fallos en la protección de quienes se encuentran en situación de especial vulnerabilidad residencial.
El Defensor del Pueblo ha pedido además que las administraciones ofrezcan respuestas inmediatas cuando se produzcan situaciones similares. Ha subrayado que Maricarmen se ha convertido, por diferentes motivos, en ‘una referencia simbólica de lo que nunca ha de suceder’, al poner rostro a las consecuencias más graves de la crisis de la vivienda.
Gabilondo ha añadido que en este caso se comprueba ‘en toda su crudeza la crisis de la vivienda y la escalada al respecto de intereses especulativos’. Con esta afirmación ha vinculado el desalojo con la presión del mercado inmobiliario sobre inquilinos con rentas antiguas y recursos limitados.
Un desalojo tras siete horas de operativo
La comisión judicial ha ejecutado este miércoles el desahucio de Maricarmen en una vivienda de la calle del Alcalde Sáinz de Baranda, en Madrid, donde la mujer residía desde hacía setenta años. El lanzamiento ha requerido un amplio dispositivo policial que se ha prolongado durante más de siete horas.
Durante la jornada, activistas han intentado impedir el desalojo, lo que ha retrasado el operativo. Finalmente, la mujer ha abandonado el inmueble en camilla y ha sido trasladada al hospital Gregorio Marañón para revisar su estado de salud, dada su edad avanzada y su condición de discapacidad.
El desalojo ha puesto fin a un litigio iniciado en 2018. Ese año, el edificio en el que se encuentra el piso, originalmente sujeto a un contrato de renta antigua, fue vendido a la inmobiliaria Renta Corporación y posteriormente transferido a la socimi Urbagestión Desarrollo e Inversión, SL.
Conflicto por el alquiler y falta de acuerdo
La nueva propiedad reclamaba a Maricarmen un alquiler mensual de 1.650 euros. Sin embargo, según sus allegados, la mujer solo percibe una pensión de 1.450 euros al mes, insuficiente para asumir la subida de la renta exigida.
La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, ha asegurado que la propiedad ha rechazado las distintas alternativas que se habían planteado para alcanzar un acuerdo. También ha afirmado que la empresa se negó a aplazar quince días el lanzamiento para que la inquilina pudiera recoger sus pertenencias con más calma.
Tras conocerse el desahucio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo enviará de manera urgente al Parlamento un nuevo real decreto de vivienda. Ha pedido responsabilidad a los grupos parlamentarios para convalidarlo y evitar que se repitan casos como el de Maricarmen.
Sánchez ha recordado que el Congreso derogó en febrero el decreto que prorrogaba la moratoria de los desahucios y la protección a hogares vulnerables. Esa decisión salió adelante con los votos de PP, Vox y Junts, lo que dejó sin efecto las medidas de escudo frente a lanzamientos de familias en riesgo social, según ha señalado el Ejecutivo en diversas ocasiones.
