Las familias de un edificio de la pedanía de Castellar-l’Oliveral, una de las de la ciudad de València afectadas por la dana del pasado 29 de octubre, que este jueves fueron desalojadas tras defectos detectados en los bajos. Pueden regresar a sus casas al darse en el inmueble «suficientes condiciones de estabilidad».
Así lo ha indicado el Ayuntamiento de València a través de una resolución emitida este viernes.
Con este documento, el consistorio comunica la decisión de «levantar la medida cautelar del desalojo del edificio». Este se encuentra ubicado en el número 4 de la Carretera Font de Bonet. «Al reunir el inmueble las suficientes condiciones de estabilidad con las medidas de seguridad existentes según el certificado técnico presentado».
La administración local precisa también en este escrito que se dará traslado de esta resolución a los Servicios de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento. También al Departamento municipal de Bomberos, Prevención, Intervención en Emergencias y Protección Civil y a la Policía Local.
El Departamento de Bomberos, Prevención, Intervención en Emergencias y Protección Civil ordenó, «con carácter provisional y como medida cautelar, el inmediato desalojo del edificio.» Esto fue «por motivos de seguridad y a fin de preservar las vidas de sus ocupantes».
Asimismo, se determinó que ese desalojo debía mantenerse «hasta tanto persistan las circunstancias reseñadas». Esto fue dado que ponían «en peligro la seguridad de los ocupantes de la vivienda».
Levantamiento del desalojo del edificio de Castellar
El levantamiento del desalojo se ha producido, como indica la resolución conocida esta jornada, tras haberse presentado «certificado de apuntalamiento para realojo» de los vecinos. Este «certifica que el inmueble reúne las suficientes condiciones de estabilidad».
Desde la Oficina Técnica de Control de Conservación de la Edificación del Servicio de Disciplina Urbanística del consistorio valenciano. Se ha emitido un informe «visto el certificado de seguridad presentado».
Este ha sido suscrito por un arquitecto colegiado y emitido «tras la adopción de las medidas precautorias consistentes en la ejecución de trabajos de mejora del apuntalamiento de la planta baja. Esto al objeto de recobrar las condiciones mínimas de habitabilidad para el realojo de los usuarios del edificio».
«Verificarse y actualizarse»
«Este se considera válido, dado que el técnico señala en dicho certificado que los trabajos están finalizados. Con las medidas de seguridad existentes, el inmueble reúne las suficientes condiciones de estabilidad», indican desde Disciplina Urbanística.
A su vez, apuntan que «dichas medidas deberán verificarse y actualizarse de forma periódica cada seis meses hasta la reparación y refuerzos proyectados».
Tras el desalojo, el Ayuntamiento de València ofreció alojamiento a las familias del citado edificio. Un total de cuatro familias, formadas por diez personas, aceptaron el realojo.
El consistorio señaló que el inmueble, de ocho viviendas, «ya tenía problemas estructurales» antes de la dana.
Desde la administración local explicaron también este jueves que el Departamento de Bomberos intervino en este edificio el 2 de noviembre de 2023. Observó la persiana de la planta baja con riesgo de desprendimiento, además de comprobar que se había salido de la gula y que el interior de la planta baja se encontraba apuntalado.
Además, agregaron que existe un informe del Servicio de Disciplina Urbanística del 12 de diciembre de 2023. En este se determina que los propietarios del edificio «deberán proceder a la reparación de los daños descritos en este informe y de cuantos otros existieran en el mismo previa obtención de las correspondientes licencias y autorizaciones».
«De más de 50 años»
El mismo informe señala que se trata de un edificio de viviendas «de más de 50 años. Por lo que la propiedad está obligada a realizar, por personal facultativo competente, el Informe de Evaluación del Edificio de Viviendas. Comunitat Valenciana (IEEV-CV)».
Una vez finalizados los trabajos de reparación, deberá remitirse a la oficina técnica un certificado en el que se especifique que, a su finalización. «El edificio en su conjunto reúne las condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad, exigidas por la legislación».
El consistorio ha comentado también que, el 31 de enero de 2024. Los propietarios aportaron un certificado donde se señala que el apuntalamiento de planta baja se ha efectuado «como medida precautoria provisional para garantizar la seguridad estructural del edificio, con pilares de hormigón armado dañados debido a la corrosión de sus armaduras». También que «con las medidas de seguridad existentes, el inmueble reúne las suficientes condiciones de estabilidad».
No obstante, este jueves los bomberos decidieron desalojar preventivamente el edificio.
