La Diputación de Valencia ha aprobado este martes una moción conjunta en defensa de la recuperación del derecho civil foral valenciano. Todos los grupos representados en la corporación provincial, excepto Vox, han respaldado la propuesta de Ens Uneix para reclamar una reforma constitucional que recupere, “de forma efectiva”, las normas civiles modernas valencianas en materia de derecho de familia, sucesiones, pervivencia de explotaciones agrícolas y empresas familiares y protección jurídica de personas con discapacidades diversas.
La vicepresidenta primera de la Diputación, Natàlia Enguix, ha defendido la propuesta presentada por su grupo para recuperar el derecho civil valenciano, “una seña de identidad y fundamento del autogobierno”, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.
En palabras de Enguix, “exigimos la tramitación de urgencia de una reforma que planteó Juristes Valencians hace cuatro años y que han respaldado la Generalitat, las diputaciones y, muy especialmente, el municipalismo”.
Los portavoces de PP, PSPV y Compromís han votado a favor de una moción que denuncia la “tardanza” de la tramitación en el Congreso de los Diputados de la proposición de reforma planteada por Les Corts en febrero de 2020 y reclama el debate “de urgencia” de la misma, reclamada por el municipalismo valenciano.
El portavoz de Vox, Sergio Pastor, se ha mostrado contrario a la moción, “por coherencia frente a la disparidad de criterios de partidos como el PSOE y Compromís que defienden cosas distintas según donde estén”. “Para nosotros, todos los españoles son iguales ante la ley”, ha señalado.
La propuesta, aprobada en el pleno de abril de la Diputación, tiene como objetivo que salga adelante la enmienda redactada por Juristes Valencians, “como se ha hecho con otras propuestas igualmente respaldadas por la ciudadanía como la reforma parcial del artículo 49 de la Constitución, para corregir la terminología hiriente hacia las personas con discapacidad”.
La corporación señala que “precisamente la protección jurídica de estas personas con discapacidades diversas es una de las materias en las que ha demostrado su eficacia el derecho civil valenciano, al igual que en el derecho de familia, las sucesiones, la respuesta jurídica para evitar el abandono de explotaciones agrarias y la supervivencia de las empresas familiares”.
Los 542 municipios de la Comunitat, que representan a más de cinco millones de valencianas y valencianos, reclaman “la recuperación de unas normas que fueron abolidas por Felipe V hace más de 300 años, y que hace siete años vieron declarada su inconstitucionalidad”.
Fondo de Cooperación
Por otra parte, el PSPV de la Diputación ha denunciado que aún “no ha llegado ni un euro” del Fondo de Cooperación este año a los ayuntamientos y ha señalado que en abril del año pasado ya se habían transferido 40 millones y estaban previstos 20 más.
El portavoz socialista en la Diputación, Carlos Fernández Bielsa, ha lamentado esa ausencia de transferencia y ha reiterado que, por estas fechas, “llegaban a los ayuntamientos de la provincia de Valencia un total de 60 millones, cifra que el gobierno de izquierdas amplió finalmente hasta los 80 millones como dotación del Fondo de Cooperación Municipal”, según ha informado el PSPV en la corporación en un comunicado.
“Los ayuntamientos han dejado de ingresar 60 millones que en muchos casos se destinaban a financiar actuaciones prioritarias y lo que esperamos es que (Carlos) Mazón se aclare pronto con el Fondo de Cooperación y no ahogue más a los ayuntamientos de la provincia”, ha señalado Bielsa.
Los socialistas piden para todos los ayuntamientos de la provincia el “mismo trato” que la Diputación de Valencia “da al Ayuntamiento de Ontinyent”, después de que la junta de gobierno provincial haya aprobado la concesión de tres subvenciones “directas y de urgencia” para este municipio, que ascienden a 1,8 millones de euros, mientras el resto de ayuntamientos “recibe cero euros”, ha denunciado.
