El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana da la razón al Ayuntamiento de Valencia y considera que procede la resolución del contrato con las mercantiles encargadas de la restauración de la Muralla Islámica de València por incumplimiento. “Tras esta decisión, el Ayuntamiento volverá a licitar las obras para concluir el proceso de restauración de la Muralla Islámica”, ha anunciado el concejal de Cultura, José Luis Moreno.
El Ayuntamiento adjudicó en 2021 el contrato para la ejecución de las obras de excavación, restauración y puesta en valor de la Muralla Islámica de València (tramo plaza del Ángel), con un presupuesto total de 3.440.661,51 € a las mercantiles en compromiso de Unión Temporal de Empresas (UTE), CYR PROYECTOS Y OBRAS, SL y a ISC URAMID, SL.
A partir de marzo de 2022, comienza a hacerse evidente que se están produciendo retrasos en la ejecución de la obra y que ello exige la aprobación de un nuevo Plan de Trabajo y la aprobación de una prórroga. Por ello, se solicita al contratista que aporte un nuevo Plan de Trabajo adaptado a las incidencias producidas, relacionadas principalmente con la técnica de micro-pilotaje y la instalación de la geotermia.
Dado que la documentación requerida no es entregada, el Ayuntamiento inicia actuaciones para imponer penalidades a la empresa, tanto por las demoras producidas, como por cumplimientos defectuosos. Como consecuencia, la Junta de Gobierno Local (JGL), acuerda, el año pasado, aprobar la resolución del contrato. Entre los argumentos aportados, se señala la demora en el cumplimiento de los plazos (tanto totales como parciales), así como el incumplimiento de la obligación principal del contrato.
Por su parte, las mercantiles presentan alegaciones por las que manifiestan su oposición a la resolución del contrato en los términos manifestados por la Corporación municipal. En este sentido, en dicha JGL, además de acordar la suspensión del procedimiento, también se aprueba remitir el expediente al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, para la emisión del correspondiente dictamen debido a la oposición del contratista a la resolución del contrato.
El dictamen emitido por el Consell Jurídic concluye que la UTE adjudicataria del proyecto no ha realizado ninguna obra desde principio de abril 2023, ni ha facturado nada desde entonces. Por lo que la obra está parada, lo que constata una demora en la ejecución de las obras, que no fueron suspendidas.
Además, se impusieron penalidades diarias a la contratista que han superado el 5 % del precio del contrato, por lo que el órgano de contratación está facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En consecuencia, procede, según el dictamen jurídico, la resolución del contrato de obras.
