jueves, 6 febrero 2025

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El Gobierno cesa de la empresa de aguas residuales de la Generalitat (EPSAR), al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar

Además de aceptar esta propuesta, por el ejecutivo autonómica también ha pasado un nuevo decreto ley elimina el Consell de l’Horta y permitirá “desbloquear obras en los barrancos del Poyo y la Saleta”

El Gobierno central ha propuesto el cese, aceptado por el pleno del Consell, del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, como vocal del consejo de administración de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) de la Generalitat.

En su lugar, como representante de la Administración General del Estado (Ministerio de Transición Hidrológica), y ha nombrado en su sustitución en este puesto a la comisaria de Aguas de la CHJ, Cristina Sola.

El presidente de la CHJ, entidad del Gobierno central competente en materia de ríos y barrancos, ha sido duramente criticado por el Consell por su “silencio” durante casi tres meses tras las inundaciones del 29 de octubre. Miguel Polo hizo sus primera declaraciones públicas hace unos días en Torrent. 

Ahora, según ha subrayado la vicepresidenta Susana Camarero, “será el Gobierno de España quien tendrá que explicar por qué cesan a Miguel Polo”. La portavoz del Consell ha avanzado que este será el primer cargo que abandonará, “probablemente, de otros ceses que le llegarán”. 

Silencio desde la CHJ

Camarero prácticamente ha iniciado una larga y compleja rueda de prensa con esta crítica al CHJ. Ha vuelto a insistir en que la Confederación Hidrográfica del Júcar no informó a la Generalitat durante dos horas y media, durante la crecida del caudal del Poyo y otros barrancos de l’Horta Sud.

La portavoz del Ejecutivo valenciano ha calificado a Polo como “un presidente (de la CHJ) al que el Gobierno intenta ocultar y amordazar”. Se refiere a que se ha negado su participación en la comisión informativa del Ayuntamiento de Valencia. Allí solo ha aceptado responder por escrito. Y no ha confirmado que acuda al mismo órgano, pero de investigación, en Les Corts.

Decreto ley de la Huerta de Valencia

Por otro lado, el Consell ha aprobado este martes el decreto ley que elimina el Consell de l’Horta, órgano consultivo creado en 2018. Sus competencias serán asumidas por departamentos ya existentes en distintas consellerias. Esta futura norma permitirá “desbloquear obras en los barrancos del Poyo y la Saleta”, según ha apuntado el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus.

Desde la oposición se asegura que la modificación de la normativa reducirá el nivel de protección de la huerta en Valencia y permitirá la construcción de viviendas y nuevas infraestructuras. Martínez Mus ha apuntado que la nueva legislación (con el formato inicial de decreto ley) ya estaba prevista antes de la dana del 29 de octubre. Defiende que suprimir el consejo consultivo permitirá ahorrar gasto público (al asumir su labor la conselleria de Agricultura y la de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio).

Al contrario de la postura de la oposición, el conseller Martínez insiste en que el futuro decreto ley prevé “facilitar la rehabilitación y reconstrucción de la huerta”, que se trata de un “espacio valioso” y de “gran riqueza”.

El Cecopi ordenó lanzar la alarma el 29 de octubre

Por otra parte, a preguntas de los periodistas, la vicepresidenta primera y portavoz ha argumentado en dos ocasiones que la decisión de alertar a la población el día 29 de octubre con la alarma de Es Alert “no fue una orden unilateral” sino una decisión colegiada en el órgano del Cecopi (Centro de Coordinación Operativo Integrado).

Camarero se ha referido de esta manera a la petición del  juzgado de Catarroja encargado de la investigación sobre la dana, que ha preguntado al Consell por la persona que dio esa orden para lanzar la alerta a los móviles a las 20:12 horas de la tarde de las inundaciones. La vicepresidente, sin nombrarlas, ha recordado que el Cecopi tiene dos codirecciones: una ocupada por la Generalitat (en aquel momento por la entonces consellera Salomé Pradas) y otras por el Gobierno central, con su delegada en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

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