El Instituto de las Mujeres, organismo dependiente del Ministerio de Igualdad, ha reclamado al Ayuntamiento de Torrent la retirada inmediata de una campaña de la Concejalía de Infancia y Familia que exhibe la imagen del vientre de una mujer embarazada de forma avanzada junto a los lemas ‘Di sí a la vida‘ y ‘Torrent, sí a la vida‘. El organismo estatal considera que el contenido y el formato de estos carteles cuestionan de manera indirecta el derecho al aborto y transmiten un juicio de valor que desinforma a la ciudadanía.
En una carta dirigida a la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, sostiene que cualquier acción publicitaria que genere un juicio de valor o desinformación supone un retroceso en los objetivos de igualdad que deben regir la actuación de los poderes públicos. A su juicio, la campaña municipal se aleja de estos principios al plantear un mensaje que contrapone el embarazo deseado con la interrupción voluntaria del embarazo, sin ofrecer información equilibrada ni reconocer este derecho legal.
El Instituto de las Mujeres advierte además de que el mensaje difundido por el consistorio es contrario a las leyes estatales y a los valores fundamentales del ordenamiento español. En su análisis, el uso de consignas como ‘Di sí a la vida‘ vinculado a imágenes de un embarazo avanzado, cuando se promocionan desde una administración local, puede interpretarse como una toma de posición institucional contra el aborto y, por tanto, como una presión simbólica sobre las mujeres que se plantean ejercer este derecho.
Uso de recursos públicos y derechos reconocidos
En la misiva, Hernández subraya que utilizar espacios y fondos públicos para promover visiones que colisionan con derechos reconocidos supone un perjuicio a la pluralidad y a la libertad de las ciudadanas del municipio. Recuerda que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho reconocido en el ordenamiento jurídico español y que las administraciones tienen la obligación de garantizarlo, no de deslegitimarlo mediante campañas institucionales.
Desde la perspectiva del Instituto de las Mujeres, cuando un ayuntamiento impulsa mensajes que pueden interpretarse como un intento de disuadir a las mujeres de abortar, no solo se proyecta una determinada visión ideológica, sino que también se envía una señal de desconfianza hacia la capacidad de las mujeres para decidir sobre su propia maternidad. Esta posición, advierte el organismo, puede tener un efecto disuasorio en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.
La polémica campaña también ha motivado una reacción política por parte del Gobierno central. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha asegurado que el Ejecutivo va a señalar todos y cada uno de los comportamientos machistas y aquellos que vayan contra los derechos de las mujeres. En su opinión, la iniciativa del Ayuntamiento de Torrent se inscribe en una dinámica que pretende cuestionar avances consolidados en materia de igualdad y autonomía reproductiva.
Bernabé ha defendido que los derechos reproductivos de las mujeres son intocables y ha anunciado la voluntad del Gobierno de impulsar una modificación de la Constitución para blindar el derecho al aborto. Este anuncio se enmarca en la estrategia del Ejecutivo de reforzar la protección jurídica de la interrupción voluntaria del embarazo, con el objetivo de que futuras mayorías políticas no puedan recortar este derecho con facilidad.
La delegada del Gobierno ha acusado al Partido Popular, que gobierna en Torrent en coalición con Vox, de estar plegado a una ideología ultra que, según ha dicho, nada tiene que ver con los derechos de las mujeres. A su juicio, la campaña municipal no es un gesto aislado, sino la expresión de un proyecto político que trata de reorientar la acción institucional hacia posiciones contrarias a la igualdad de género y a la libertad de decidir.
Bernabé ha recordado que el derecho de las mujeres a abortar y su derecho a decidir están reconocidos desde hace años en la legislación española y ha insistido en que no se puede pagar con dinero público carteles enseñando el cuerpo de la mujer y además incitándoles a que no aborten. Para la delegada, el hecho de que estas imágenes se ubiquen en espacios municipales y bajo el sello del ayuntamiento convierte el mensaje en una recomendación institucional que entra en conflicto con la normativa vigente.
En la misma línea, ha afirmado que ese tipo de actuaciones no va en línea con la ley y ha garantizado que el Gobierno las va a señalar y perseguir siempre. Ha añadido que el Ejecutivo actuará de igual forma frente a quienes, en su opinión, no hacen honor a la justicia, y ha puesto como ejemplo las declaraciones del juez que instruye la denuncia contra el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional por presunta agresión sexual a una subordinada, que han generado críticas entre colectivos feministas y representantes políticos.
Tanto el Instituto de las Mujeres como la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana coinciden en que las instituciones deben utilizar sus recursos para garantizar la igualdad real y efectiva, ofrecer información veraz y respetar la pluralidad de decisiones de las mujeres en materia de maternidad. La exigencia de retirada de la campaña en Torrent se enmarca en esa defensa de los derechos reproductivos, entendidos como una pieza central de la libertad y la ciudadanía plena de las mujeres.
