Una exempleada de una sucursal bancaria de Rojales (Alicante) se enfrenta a una petición fiscal de 12 años de prisión por haber contratado presuntamente una tarjeta de crédito a nombre de unos clientes sin su conocimiento y haber realizado durante años más de 160 cargos por casi 900.000 euros.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juicio se ha fijado para este miércoles a las 9.30 horas en la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Alicante. La vista se centrará en esclarecer si la acusada ha cometido delitos continuados de apropiación indebida agravada y falsedad documental.
La fiscalía sostiene que la exbancaria contrató la tarjeta de crédito sin el consentimiento ni el conocimiento de los titulares de la cuenta. A partir de ese momento, habría realizado de forma reiterada operaciones de cargo a lo largo de más de una década.
Operaciones durante más de diez años
El escrito del ministerio público detalla que la acusada ha efectuado un total de 163 cargos entre los años 2006 y 2017. Estas operaciones se habrían apoyado en la confianza que las víctimas tenían depositada en la exempleada, que trabajaba en la entidad desde hacía años.
La acusación cifra el lucro obtenido en, al menos, 895.000 euros, derivados de dichos cargos en la tarjeta de crédito. Esa cantidad procede, según la versión de la fiscalía, de disposiciones que los clientes nunca han autorizado ni solicitado.
Para sostener el delito de falsedad documental, el ministerio público le atribuye la formalización de la tarjeta sin autorización expresa de los clientes. La acusación entiende que se utilizaron documentos contractuales que no reflejaban la verdadera voluntad de los titulares de la cuenta.
Durante el juicio, las partes deberán aclarar cómo se tramitaron los contratos, qué controles internos existían en la sucursal y qué información recibieron los clientes. También se analizará el historial de movimientos de la tarjeta y los justificantes de las operaciones realizadas entre 2006 y 2017.
Si la Audiencia Provincial asume la tesis de la fiscalía, la exempleada podría ser condenada a una pena de prisión relevante por la duración y el importe de los cargos investigados. En cambio, si el tribunal considera que no ha quedado acreditado el engaño o la falta de consentimiento, podría rebajar la responsabilidad penal o incluso absolverla.
El caso pone el foco en la protección de los clientes bancarios y en la importancia de los controles internos en las entidades financieras. Además, subraya el impacto económico y personal que pueden tener este tipo de prácticas cuando se prolongan durante años y afectan a cantidades tan elevadas.
