La Generalitat Valenciana ha destacado que ha pagado el 50 por ciento del total de las ayudas comprometidas con familias, empresas y municipios para paliar los efectos de la Dana del pasado 29 de octubre que asoló la provincia de Valencia, y ha denunciado que el Gobierno de España «solo ha pagado el 13,8% de las ayudas que prometió«.
Así lo han indicado fuentes de la administración autonómica tras realizar un balance de las actuaciones y ayudas concedidas para los afectados por la barrancada cinco meses después.
Desde la Generalitat han señalado que se han movilizado más de 1.850 millones de euros en forma de ayudas directas, contratos de emergencia, medidas fiscales, rehabilitación de infraestructuras y atención social y sanitaria.
De esta cantidad, 938 millones se destinan directamente a ayudas a personas, familias, empresas, agricultores, ayuntamientos y sectores económicos afectados. «Más de la mitad ya han sido tramitadas, resueltas y abonadas (470 millones de euros)», han reiterado.
La administración autonómica ha criticado que el Gobierno central «solo ha pagado 1.947 millones de los 14.000 millones anunciados en concepto de ayudas a particulares empresas, ayuntamientos y otro tipo de entidades, lo que apenas alcanza un 13,8% del total comprometido, pese a la gravedad de los daños sufridos en más de 90 municipios».
Igualmente, ha subrayado que la cuantía abonada por la Generalitat en las ayudas de primera necesidad «supone más del doble de la pagada por el Gobierno central (60 millones), que apenas llega a 3400 peticiones abonadas». «Frente a ello, unos 23.667 hogares ya han recibido 142 millones de euros en ayudas de la administración valenciana para bienes y enseres», ha manifestado.
Para el Consell su «agilidad» en el pago de las ayudas contrasta con el «ritmo lento» de la tramitación del Ejecutivo central, que «tan solo ha pagado el 7,8% de las solicitudes de ayuda de primera necesidad, pese a que acumula 43.592 solicitudes de ayuda registradas».
Consorcio de Compensación de Seguros
La Generalitat ha remarcado que es «necesario» recordar que las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros (2.558 millones de euros) «no son ayudas directas ni indirectas del Gobierno, no proceden de líneas presupuestarias abiertas para afrontar las consecuencias de la riada, sino que son tramitadas, gestionadas y abonadas por el Consorcio, no por el Gobierno».
«El Estado tiene un presupuesto de unos 386.000 millones de euros (datos de 2023) y una amplia capacidad de financiación y de endeudamiento, mientras que la Generalitat Valenciana dispone de un presupuesto de 32.300 millones (12 veces menos), con una capacidad de financiación y de endeudamiento muy limitadas, por lo que el esfuerzo de ayuda y reparación del Consell es mucho mayor que el que realiza el Gobierno», ha aseverado.
Asimismo, ha lamentado que «sigue sin recibir las ayudas a fondo perdido que ha solicitado al Gobierno para costear la reconstrucción en las comarcas afectadas» y ha subrayado que este es «un dinero clave para la reparación y puesta en marcha de colegios, institutos, centros de salud, residencias, etc».
También ha criticado que el Gobierno de España «ha excluido a 28 municipios valencianos (con una población conjunta de 80.000 personas) del plan de ayudas para la reconstrucción de infraestructuras municipales».
«Resulta injusto que estas 28 poblaciones no tengan acceso a las ayudas estatales para su reconstrucción pese a los daños sufridos el pasado 29 de octubre», ha considerado, al tiempo que ha detallado que «los municipios excluidos son: Carcaixent, Castelló, Chulilla, l’Ènova, La Pobla Llarga, Millares, Manuel, Rafelguaraf, Senyera, Tous, Aras de los Olmos, Benagéber, Benimuslem, Casinos, Chelva, Gavarda, Losa del Obispo, Massalavés, Sant Joanet, Titaguas, Tuéjar, Villar del Arzobispo, Xeraco, Alberic, Barxeta, Benaguasil, Benimodo y Castielfabid».
«Respuesta integral»
Desde la Generalitat han resaltado que «se puso en marcha desde el primer día una respuesta integral, inmediata y coordinada que ha permitido cubrir necesidades básicas, activar planes de realojo, restaurar centros educativos y sanitarios, reparar caminos rurales, retirar toneladas de residuos y ayudar a más de 300.000 personas damnificadas».
Además, «se ha desplegado un dispositivo social y psicológico sin precedentes, con atención directa, ayudas al alquiler, realojos, prestaciones a la dependencia y cobertura a colectivos vulnerables», han agregado.
La Generalitat ha reiterado su «exigencia» al Gobierno central para que «acelere los pagos, desbloquee las ayudas comprometidas y ponga a disposición de las familias afectadas los recursos necesarios».
