La Generalitat Valenciana estudia interponer un recurso contra el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 al considerar que invade competencias autonómicas, introduce mecanismos de control político y condiciona la financiación a criterios ajenos a la gestión real de la política de vivienda.
Según el Consell, el informe del Consejo de Estado ha puesto de relieve objeciones que cuestionan tanto el reparto competencial como el modo en que el Gobierno central plantea supervisar y condicionar la ejecución del plan. A partir de estas advertencias, la Generalitat analiza ahora las vías jurídicas para impugnar la norma estatal si finalmente se aprueba en los términos actuales.
Criterios de financiación y reparto de esfuerzos
De acuerdo con los datos facilitados por la Generalitat, la Comunitat Valenciana se verá obligada a multiplicar por más de cuatro su aportación económica al nuevo Plan Estatal de Vivienda, mientras que el Estado reducirá su porcentaje de financiación del 70 % al 60 %. Esto implica que, aunque el volumen global de inversión se incremente, la carga presupuestaria recaerá en mayor medida sobre las comunidades autónomas.
La vicepresidencia de Vivienda denuncia que el modelo de financiación diseñado es profundamente desequilibrado. El Ejecutivo central ha anunciado un plan de 7.000 millones de euros a cinco años, pero exige a las autonomías que asuman una parte muy relevante de ese incremento. En la práctica, las comunidades pasan de financiar el 30 % al 40 % del programa, al tiempo que el Estado reduce su esfuerzo relativo, lo que para el Consell contradice el mensaje de que se trata de un gran refuerzo de la inversión estatal.
En el caso concreto de la Comunitat Valenciana, el nuevo Plan contempla unos 798 millones de euros para los próximos cinco años, frente a los 240 millones del plan anterior. La Generalitat sostiene que esto multiplica por cuatro su esfuerzo presupuestario mientras que la aportación estatal apenas se duplica. Además, subraya que la contribución de ambas administraciones queda prácticamente igualada, pese a que el presupuesto del Estado es, según recalca, muy superior al autonómico y que la Comunitat arrastra un problema histórico de infrafinanciación.
El Consell recuerda también que la región ha debido hacer frente en los últimos años a una emergencia habitacional derivada de la Dana de 2024, lo que ha obligado a destinar recursos adicionales a la reconstrucción y a la atención a familias afectadas. Por ello, reclama que se tengan en cuenta la singularidad y las necesidades extraordinarias del territorio tanto en el reparto de fondos como en el diseño de los diferentes programas de vivienda.
Críticas a la forma y al fondo del Plan Estatal
Desde la Conselleria de Vivienda se reprocha al Gobierno central que el nuevo Plan Estatal llegue tarde, sin consenso y trasladando el mayor esfuerzo económico a las autonomías. Se exige al Ejecutivo más responsabilidad y la puesta en marcha de soluciones consideradas reales frente a lo que califican de imposiciones ideológicas, reclamando al mismo tiempo mayor diálogo y flexibilidad.
La Generalitat sostiene que lleva desde diciembre de 2024 trasladando propuestas concretas al Ministerio y que muchas de ellas no han sido incorporadas al texto. Además, critica que las comunidades autónomas no hayan tenido acceso al documento definitivo antes de su aprobación en Consejo de Ministros, lo que a su juicio vulnera los principios de cogobernanza y lealtad institucional.
En este contexto, considera que no se puede diseñar la política de vivienda de los próximos cinco años sin contar con quienes tienen las competencias directas y gestionan a diario las ayudas y promociones de vivienda protegida. Esta falta de participación efectiva en la elaboración del plan se interpreta como una recentralización de decisiones que, habitualmente, corresponden a los gobiernos autonómicos.
Otro de los puntos más cuestionados por la Generalitat es el condicionamiento de la aportación del Ministerio a la obligación de convocar con al menos 30 días de antelación a la ministra para visitar una de las actuaciones financiadas. El Consell entiende que este requisito añade burocracia innecesaria, introduce un componente de visibilidad política que nada tiene que ver con la eficacia de las inversiones y genera inseguridad jurídica en la planificación de proyectos.
La vicepresidencia de Vivienda mantiene que el nuevo plan no incorpora medidas eficaces para abaratar el precio de la vivienda ni para incrementar de manera sustancial la oferta disponible. Asegura que el foco debería centrarse en facilitar el acceso a la vivienda a quienes tienen más dificultades, en lugar de imponer modelos que considera excesivamente intervencionistas para las comunidades.
Propuestas de la Generalitat y fondos europeos
Entre las propuestas que la Generalitat afirma haber trasladado sin éxito se encuentra la reducción del IVA vinculado a la vivienda, con el objetivo de abaratar tanto la compra como la promoción de nuevos inmuebles. También se han planteado incentivos fiscales para facilitar la compra o el alquiler y la ampliación de las ayudas dirigidas a jóvenes que buscan acceder a una vivienda en municipios de más de 10.000 habitantes, donde la presión de precios suele ser mayor.
Asimismo, el Consell ha reclamado líneas específicas para financiar la adquisición de suelo destinado a vivienda protegida, con la idea de incrementar la reserva de terrenos públicos que permitan promover nuevas promociones a precios asequibles en los próximos años. La Generalitat entiende que estas medidas podrían contribuir a aumentar la oferta y a contener los precios en el medio y largo plazo.
Por otro lado, la administración autonómica pide mayor flexibilidad en los plazos de ejecución de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia destinados a vivienda. Recuerda que estos recursos llegaron en 2021 y que, cuando el actual Consell asumió el gobierno valenciano en 2023, todavía no se habían impulsado los proyectos necesarios o, en algunos casos, los que existían no reunían las condiciones para resultar viables.
A partir de este diagnóstico, la Generalitat insiste en la necesidad de abrir una negociación real sobre el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, ajustar las medidas a la realidad de cada territorio y garantizar un reparto de responsabilidades y financiación que, en su opinión, resulte más equilibrado entre el Estado y las comunidades autónomas.
