La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha instado al Gobierno de España a poner en marcha “cuanto antes” el modelo de tarjetas monedero de reparto de comida entre las familias más necesitadas que “anunció para el mes de abril”.
El director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo, Pedro Carceller, ha señalado que la Conselleria se mantiene “a la espera” de conocer “algunos de los detalles” de la gestión del nuevo modelo, como las fórmulas de derivación, cuya elaboración “fue un compromiso adquirido por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para antes de abril”, o los establecimientos y grandes superficies que se van a adherir a este sistema de reparto de comida, sostiene la Generalitat en un comunicado.
El Gobierno anunció en enero la sustitución del reparto directo de alimentos por un sistema de tarjetas monedero para que cada familia en situación de pobreza pudiera adquirir los alimentos en las tiendas incluidas en el programa.
Tras el anuncio, la Conselleria expresó su “preocupación” por estas ayudas directas que iban a dejar “desprotegidas a muchas familias y personas en situación de vulnerabilidad” por “no cumplir con los requisitos” que determina esta nueva norma y criticó la “improvisación” y las “prisas” de esta medida.
Pese a ello y desde que se conoció la intención del Gobierno, la Conselleria ha defendido que ha trabajado “intensamente” para ejecutar “de manera eficaz” el nuevo sistema y se han mantenido sendas reuniones con entidades locales, mancomunidades, direcciones territoriales y profesionales del sector de los servicios sociales de atención primaria implicados en la gestión de este programa.
Carceller ha detallado que ya se ha elaborado la instrucción para la implantación de las tarjetas monedero, así como la cuantía que se va a repartir entre las entidades locales, pero desde el Ejecutivo autonómico se reclama al Ministerio “información sobre el documento definitivo para llevar a cabo la selección de familias beneficiarias, los establecimientos que van a participar y la salvaguarda de la protección de datos”.
El “retraso” en la puesta en marcha de esta medida ha provocado que este jueves se haya celebrado una reunión con la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio y las comunidades autónomas para abordar criterios y métodos de trabajo. Durante la misma, la Conselleria ha exigido “el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno”.
