El concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Jesús Carbonell, ha vuelto a reiterar este viernes el “firme compromiso” del Ayuntamiento de València con el cumplimiento de la normativa la normativa de Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que se ubicará en Ciutat Vella. “No necesitamos supuestas tutelas“.
Así se ha pronunciado el titular de Movilidad en relación a las declaraciones de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en las que advertía que los ministerios de Transportes y Transición Ecológica vigilarían el cumplimiento de los plazos de aplicación de las ZBE de algunos ayuntamientos valencianos gobernados por el PP y Vox.
“Ha debido de confundirse de ciudad al hablar de vigilancia de ZBE de Ciutat Vella, ya que somos de las primeras ciudades de la Comunitat que ya dispone de una ZBE que es el Área de Prioridad Residencial (APR), siendo además de las más restrictivas porque sólo se deja circular a vecinos salvo algunas excepciones. Por tanto, se debe de haber equivocado de población y será otra la que estará vigilando”, ha indicado.
Del mismo modo, Carbonell ha asegurado que las “advertencias” de la delegada del Gobierno son “pura retórica” porque “no existe un régimen sancionador para las administraciones incumplidoras“, y que, por tanto, “su vigilancia no tiene una traducción práctica”. “Esta corporación cumple y cumplirá la normativa estatal con independencia de que no haya un régimen sancionador”, ha insistido.
“No peligran fondos europeos”
En este sentido, el concejal de Movilidad ha asegurado que pese a que no se hayan tramitado desde octubre denuncias en esta zona por falta de personal, “no peligran los fondos europeos”. “Los fondos de ZBE están referidos al software y a las cámaras que se van a situar en toda la ciudad. Nada tiene que ver con el ámbito específico del APR ni se tiene que invertir un solo euro de esos fondos europeos”, ha asegurado Carbonell.
Igualmente, ha insistido en que no se han tramitado las sanciones durante este periodo por la “situación de precariedad en personal” que han heredado del anterior gobierno. “Los recursos son los que son, pero estamos en vía de solución del problema. Ya hay un persona -de las dos que hay- dedicada a la tramitación de este tipo de expedientes”, ha indicado.
“Gobierno vigilante”
Por su parte, la concejal socialista Maria Perez ha criticado las “excusas” del equipo de Catalá para “dejar tres meses sin funcionarios un servicio y dejar de aplicar una ordenanza municipal” y ha asegurado que se trata de una “decisión política que tiene la voluntad de dejar de sancionar”.
“Qué casualidad que en el momento que el gobierno municipal decide convertir la APR en la zona de bajas emisiones para cumplir, según ellos, con la normativa estatal las cámaras dejan de multar”, ha advertido y ha alertado de que “una de las características de las ZBE para dar cumplimiento a ley es que efectivamente existe un régimen sancionador”.
No obstante, ha advertido que “el Gobierno de España estará vigilante porque las dudas sobre el incumplimiento de la ZBE son contundentes y no solo están ligadas al incumplimiento de la ley de cambio climático, sino también al incumplimiento de todas las actuaciones que tienen como objetivo implementar medidas que protejan la salud de los ciudadanos y ciudadanas”.
