Once activistas de Greenpeace se enfrentan este miércoles en València a un juicio por desórdenes públicos agravados, con petición fiscal de cinco años de cárcel, por una protesta en 2021 en el puerto de Sagunto contra la entrada de un buque estadounidense cargado de gas, que la organización ha defendido como una acción pacífica amparada por el derecho a la protesta.
La entidad ecologista ha destacado que la movilización en Sagunto tuvo como objetivo impedir la entrada de ese buque de gas. Según ha remarcado, se desarrolló de forma planificada y sin emplear violencia física contra personas ni infraestructuras.
La directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, ha subrayado que ‘protestar no es un delito, es una herramienta imprescindible de progreso social y de salud democrática’. Ha defendido además que la acción llevada a cabo en el puerto ha sido ‘pacífica, transparente, pública y estrictamente no violenta’.
Greenpeace ha lamentado que la causa haya llegado a juicio y ha sostenido que responde a ‘una persecución al activismo para incriminar hechos que se encuadran dentro del derecho a la protesta’. La organización considera que se está tratando como delito una conducta que, en su opinión, forma parte del ejercicio legítimo de la libertad de expresión y de reunión.
Críticas a la vía penal elegida
La abogada de Greenpeace, Inés Díez, ha intervenido en una rueda de prensa celebrada este martes a bordo del rompehielos Arctic Sunrise de la organización, atracado en el Puerto de València. Allí ha defendido que los once activistas ‘nunca alteraron la paz social‘, elemento que, ha recordado, es el que castiga el delito de desórdenes públicos al que se enfrentan.
Díez ha insistido en que durante la protesta no se produjeron daños personales ni materiales. A partir de ese hecho, ha sostenido que el procedimiento ‘siempre debió ser administrativo, no penal’, ya que, según su criterio, la respuesta adecuada habría sido la imposición de sanciones administrativas, no penas de prisión.
Pese a ello, la Fiscalía ha solicitado cinco años de prisión para cada uno de los encausados por un delito de desórdenes públicos agravados. Desde Greenpeace han interpretado esta petición como un ‘empecinamiento del Ministerio Fiscal’ y como una ‘persecución a organizaciones activistas’.
La organización ha enmarcado el caso en lo que describe como ‘una corriente global de represión para intimidar, disuadir y castigar a quienes cuestionan los intereses de las grandes industrias contaminantes’. Con estas palabras, Greenpeace ha alertado de que decisiones como esta pueden generar un efecto disuasorio sobre futuras protestas climáticas y ambientales en puertos y otras infraestructuras estratégicas.
