La Audiencia de Valencia ha rechazado los recursos contra la apertura de juicio oral a Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Ximo Puig, y a los considerados socios Adell Bover. Con esta decisión, ambos se sentarán en el banquillo por la causa vinculada a ayudas públicas concedidas entre 2015 y 2018.
Los magistrados descartan que exista indefensión para los acusados. Según el auto, ni se han introducido nuevos hechos punibles ni se ha alterado el objeto del proceso. De hecho, remarcan que “Los hechos imputados a Francis Puig y a Enrique Adell Bover han sido conocidos por éstos desde el inicio de la investigación”.
La Audiencia avala la apertura de juicio a Francis Puig
La causa se centra en unos 600.000 euros cobrados por empresas vinculadas a Francis Puig de tres administraciones públicas: la Generalitat Valenciana, la Generalitat catalana y el Gobierno de Aragón. Todas las ayudas estaban ligadas al mismo concepto: el fomento del valenciano.
El pasado octubre, el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia acordó la apertura de juicio oral. Lo hizo por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y por un delito de estafa agravada en el caso de Francis Puig. Además, el instructor sostuvo que la calificación jurídica de los hechos era correcta y descartó falta de motivación.
También citó jurisprudencia para subrayar que quien obtiene una subvención y destina total o parcialmente lo recibido a su enriquecimiento personal no puede quedar impune. Después, el juez concluyó que los hechos encajaban mejor en un delito de estafa por la forma en que, presuntamente, se obtuvieron las ayudas.
Facturas duplicadas, gastos simulados y fianzas
La resolución recuerda que Francis Puig solicitó subvenciones a la Generalitat Valenciana y a la catalana como administrador de Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions. Para conseguirlas, indica que “aportó supuestamente facturas duplicadas y cruzadas”. A eso se suma la actuación atribuida a Enrique Adell Bover. Él es administrador de Canal Maestrat y Kriol Produccions. Por consiguiente, habría aportado facturación de sus sociedades para simular gastos.
Según recoge el auto, los investigados habrían utilizado distintos procedimientos para inflar de forma ficticia los gastos de sus mercantiles. Así justificaban un importe inferior. Los magistrados también citan conceptos genéricos en las facturas, facturas no pagadas, precios que no encajaban con los trabajos realizados, falta de justificación de servicios e inexistencia de contratos con proveedores periódicos.
La Audiencia pone además el foco en las sospechas sobre Mas Mut como empresa instrumental o ficticia para el cobro de subvenciones. Por ello, considera a Adell Bover cooperador necesario en la conducta atribuida a Francis Puig. La Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años de prisión para Francis Puig y tres para Adell Bover. Además, el instructor fijó fianzas de 147.589,29 euros y 99.614,33 euros, respectivamente.
