La Fiscalía reitera la petición de ocho años de prisión para Julio de España
La Fiscalía ha reiterado su petición de ocho años de prisión para Julio de España, expresidente de Les Corts y de la Diputación de Alicante. Lo acusa de un delito de agresión sexual y de otros dos de trato degradante cometidos presuntamente contra dos pacientes en su consulta médica privada.
Según el relato provisional del Ministerio Público, ambas mujeres acudieron por separado a su consulta. Además, habrían sido sometidas a exploraciones médicas que, de acuerdo con sus declaraciones, se apartaron de los protocolos habituales, tanto por la naturaleza de los tocamientos como por las expresiones empleadas por el médico durante las pruebas.
Relato de las denunciantes y valoración forense
La primera denunciante, que trabaja como enfermera, acudió a consulta en agosto de 2023. De acuerdo con la acusación, durante esa visita el médico, tras practicarle un tacto rectal, la habría sometido a tocamientos e introducido sus dedos en sus partes íntimas sin justificación clínica. En ese contexto, siempre según el escrito fiscal, le indicó la postura para la exploración con expresiones de carácter humillante. Comparó su posición con la de una persona castigada contra la pared.
Tras estos hechos, la mujer desarrolló un trastorno de estrés postraumático. Este diagnóstico ha sido confirmado en el juicio por el médico forense. Él ha explicado que el cuadro psicológico de la paciente es compatible con el impacto de una experiencia vivida como agresiva y degradante en un entorno en el que debía sentirse segura, como es una consulta médica.
La segunda mujer presentó denuncia en 2023, después de conocer el relato de la primera víctima. Según la investigación, su caso se remontaría a 2021, cuando también acudió a la consulta de Julio de España. La acusación sostiene que el médico utilizó expresiones similares para indicar la posición que debía adoptar para un tacto rectal. Esto, a juicio de la denunciante, tuvo un componente vejatorio y carente de necesidad asistencial.
En su comparecencia, el médico forense no solo ratificó el diagnóstico de estrés postraumático de una de las pacientes, sino que también cuestionó la idoneidad de los tactos rectales realizados. A partir de los antecedentes clínicos aportados, indicó que no constaban síntomas actuales que obligaran a recurrir a este tipo de exploración invasiva. Tampoco encontró antecedentes suficientemente sólidos en las historias médicas de las mujeres que lo justificaran en esas condiciones.
Versión de Julio de España y posición de la Fiscalía
Julio de España negó durante el juicio haber realizado tocamientos vaginales y defendió la necesidad del tacto rectal en ambos casos. Aseguró que se trataba de una prueba indicada para descartar determinadas patologías. También dijo que, por su experiencia profesional, valora esta exploración como una técnica sencilla, rápida e inocua para detectar posibles enfermedades.
El acusado también argumentó que no detalla a los pacientes todas las patologías que pueden diagnosticarse con esta prueba porque considera que su obligación como médico es transmitir tranquilidad y evitar alarmas innecesarias. Asimismo, rechazó haber utilizado las expresiones atribuidas por las denunciantes para describir la postura genupectoral requerida para el examen.
La Fiscalía, sin embargo, ha mantenido sin cambios su calificación provisional. Solicita ocho años de prisión para Julio de España por un delito de agresión sexual y dos de trato degradante. Considera que las prácticas descritas por las denunciantes y el contexto en que se produjeron reúnen los elementos de estos delitos.
Además, el Ministerio Público se ha adherido a las reclamaciones de responsabilidad civil planteadas por las acusaciones. Ha pedido que se fije una indemnización total de 18.000 euros para las dos mujeres. De estos, 12.000 euros corresponderían a la víctima de la agresión sexual y 6.000 euros a la otra paciente, en atención al daño moral y al perjuicio psicológico alegado.
El juicio se ha celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante. Tras la práctica de la prueba y la declaración de las partes y de los peritos, la vista oral ha quedado aplazada al 21 de mayo. En esa fecha se procederá a la lectura de las conclusiones definitivas de la Fiscalía, las acusaciones y la defensa, paso previo a que el tribunal dicte sentencia.
