Reducción de equipos, trabas burocráticas y falta de planificación comprometen la atención en salud mental en la DANA
Han pasado cuatro meses desde que el Gobierno de España anunció la creación de 14 Unidades de Salud Mental de Emergencias (USME) para atender a los afectados por la DANA. Sin embargo, la promesa sigue sin cumplirse. A día de hoy, ningún recurso ha sido desplegado en la Comunitat Valenciana ni en Castilla-La Mancha. Las dos autonomías inicialmente contempladas para recibir estos dispositivos.
Además, el Ejecutivo central ha reducido significativamente el número de equipos previstos: de los 14 iniciales, solo se activarán 9 (8 en la Comunitat Valenciana y 1 en Castilla-La Mancha). Esto implica un recorte del 35% en los recursos de salud mental en la DANA destinados a los afectados por el desastre natural.
El PSPV exige en Corts Valencianes lo que el Gobierno de España no está cumpliendo
Mientras la asistencia psicológica sigue sin llegar, el Grupo Socialista en Les Corts Valencianes ha planteado varias preguntas dirigidas a la Generalitat Valenciana exigiendo la correcta aplicación de los servicios de salud mental. Paradójicamente, estas exigencias provienen del mismo partido que lidera el Gobierno de España, responsable de la implementación de estas ayudas que siguen sin materializarse.
Entre las preguntas planteadas por la diputada socialista Cristina Martínez García, se destaca la que cuestiona cómo la Generalitat compaginará sus recursos propios con los del Ministerio de Sanidad. La respuesta de la Conselleria de Sanidad deja en evidencia la realidad: el refuerzo prometido por el Ministerio aún no ha llegado y las unidades de emergencia siguen sin desplegarse.
Otra pregunta relevante es la que solicita información sobre los mecanismos de coordinación entre el Ministerio y la Generalitat para evitar duplicidades. La Conselleria respondió que hasta el 10 de enero de 2025 el Ministerio no remitió el convenio de colaboración, a pesar de haber anunciado las USME en noviembre.
Además, el Grupo Socialista también interrogó sobre si se están considerando acuerdos para optimizar recursos y evitar superposiciones. La respuesta oficial confirma que, pese a los anuncios, el Ministerio no ha garantizado la operatividad de los equipos ni ha establecido mecanismos claros de acción conjunta.
La consecuencia: un retraso administrativo sin precedentes
Uno de los principales obstáculos ha sido la demora en la formalización del convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas afectadas. El Consejo de Ministros aprobó su creación el 11 de noviembre de 2024. Pero la burocracia y la falta de coordinación han impedido que los equipos estén operativos.
La Conselleria de Sanidad de la Comunitat Valenciana recibió el convenio firmado por el Ministerio recién el 24 de febrero, meses después de haber sido anunciado. Menos de 24 horas después, el 25 de febrero, el conseller de Sanidad devolvió el documento firmado. A pesar de ello, el Ministerio lo remitió nuevamente con correcciones el 7 de marzo, alegando errores en su redacción.
Esta sucesión de trámites ha provocado un retraso crítico en la asistencia a los damnificados, quienes siguen sin recibir la ayuda psicológica prometida.
Menos equipos, más incertidumbre
El 26 de diciembre de 2024 y el 14 de enero de 2025, el Ministerio de Sanidad informó a la Generalitat Valenciana y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de que finalmente el número de unidades se reduciría de 14 a 9. Este ajuste representa una disminución del 35% en los recursos asignados.
Desde el inicio, las USME se presentaron como una intervención crucial para atender el impacto emocional inmediato tras una catástrofe natural. Según el propio Ministerio, estas unidades estaban diseñadas para proporcionar:
- Respuesta psicológica en la fase inicial de shock y trauma agudo
- Primeros auxilios psicológicos (PAP)
- Apoyo emocional a personas en estado de vulnerabilidad extrema
No obstante, la demora y reducción de equipos contradicen estos objetivos, dejando a los damnificados en un limbo asistencial.
Unidades psicosociales sin asistencia médica directa
El convenio firmado entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades establece que las USME serán recursos psicosociales y no unidades de atención médica. Esto significa que su función se limitará al apoyo psicológico y social de la DANA. Mientras que la atención médica quedará en manos de los servicios autonómicos de salud.
Aún queda pendiente definir la composición del personal que integrará las USME y si contarán con suficientes especialistas para responder a las necesidades de la población afectada.
Cuatro meses de retraso, cero unidades operativas
El Gobierno ha tardado cuatro meses en formalizar un convenio para la creación de las Unidades de Salud Mental de Emergencias (USME), las cuales todavía no han sido desplegadas.
Además del retraso administrativo, la reducción del número de equipos, la falta de planificación y la ausencia de una fecha clara de activación han dejado en el aire la asistencia prometida a los afectados por la DANA.
El Grupo Socialista en Les Corts, en lugar de exigir explicaciones al Gobierno de España, ha trasladado sus críticas a la Generalitat Valenciana. Esta hasta el momento ha mantenido 17 equipos de atención psicológica en terreno, junto con un centro de atención al trauma y unidades especializadas. Todo ello sin el respaldo prometido por el Ejecutivo central.
Mientras tanto, las personas que sufrieron el impacto emocional de la DANA siguen sin recibir el apoyo psicológico esencial.
