El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, ha cifrado en más de 1.600 millones de euros los daños en las infraestructuras municipales y provinciales en parte de la zona afectada por la DANA. Ahora, la Corporación se concentra en la limpieza de más de 600 garajes con urgencia sanitaria y la retirada de vehículos en las calle. “Las responsabilidades, por supuesto, se tendrán que asumir en su momento”, ha apuntado Mompó.
Más de 50 alcaldes y concejales de los 75 municipios afectados han participado en la primera reunión presencial celebrada en la Diputación a las 8:00 h de este viernes. Otros regidores se han conectado por videoconferencia, para coordinar las actuaciones.
Mompó ha recordado que él estuvo en contacto telefónico con Carlos Mazón en la tarde del 29 de octubre, desde el Cecopi, y que también lo estuvo en varias ocasiones la ya ex consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. El presidente provincial ha insistido en que no es momento, “todavía”, de buscar responsabilidades políticas de la gestión.
El presidente de la Diputación ha reiterado que en ningún momento se les informó del riesgo de desborde del barranco del Poyo. “Solo se hablaba y se hablaba de que podía colapsar el pantano de Forata”, subraya, y del riesgo que eso suponía para los pueblos de la Ribera.
Falta de conexión de la CHJ y AEMET
Sobre las quejas de la ex vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, de que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la agencia de meteorología (AEMET) fueron desconectadas de la reunión del Cecopi en la tarde del 29, Mompó asegura desconocer el motivo. “¿Apagón? No sé. Sería un problema de conexión”, apunta el presidente de la Diputación, asistente presencial en esa reunión del ‘comité de crisis’ por la DANA.
Preguntado por los entre 1.300 y 1.600 millones de euros en daños, aclara que todavía se tienen que cuantificar numerosas infraestructuras municipales y provinciales, especialmente en las comarcas de l’Horta Sud, la Ribera Alta y la Ribera Baja. Por ejemplo, “el ayuntamiento de Sedaví no existe”, físicamente.
Todavía habrá que sumar daños en puentes, caminos y carreteras, aunque matiza que la mayoría de las carreteras principales de la comarca de l’Horta Sud son de titularidad de la Generalitat o el Gobierno de España y no de la Diputación.
Únicamente contando las obras relativas a depuradoras y todos el ciclo y suministro de agua, la empresa públcia Egevasa calcula los daños en 600 millones de euros.
Olvido del barranco de la Saleta
El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, ha reclamado atención por el barranco de la Saleta, que se desbordó en su municipio “y ha causado muertos”. El primer munícipe, del PSPV, ha lamentado amargamente que ningunas administración ni siquiera lo ha mencionado.
Dolors Gimeno, portavoz del grupo Compromís en la Diputación y regidora de Catarroja, ha exigido la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y ha criticado la “anomalía de que haya sido la Diputación la que haya tomado tareas de coordinación” entre los pueblos y no la Generalitat. “Ni está ni se le espera. Desde el 4 de noviembre nos reunimos todos los días y ni se ha conectado Mazón ni ningún conseller”, ha reprochado Gimeno.
Situación “dramática” en Massanassa, Chiva y Llocnou
Paco Comes, alcalde de Massanassa, ha destacado que la situación en su municipio es “muy dramática” porque “no quedan infraestructuras”. En este municipio la prioridad ahora es la retirada de vehículos y del lodo en los garajes y “que las campas (de coches) no estén al lado de los vecinos”.
El alcalde ha alertado de que el 25 % de los empleados de la provincia de Valencia trabajan en los polígonos de l’Horta Sud. Solo en Massanassa hay casi 400 empresas afectadas y han podido reabrir 22 de los 130 pequeños comercios.
Amparo Fort, alcaldesa de Chiva, ha relatado que el barranco del Poyo “ha hecho un nuevo cauce y ha dejado dentro muchas casas” a su paso por el núcleo urbano del pueblo. En el caso de esta población ha descrito cómo llegaron los daños: el barranco no se desbordó hasta última hora de la tarde, pero el municipio ya estaba inundado por las avenidas de agua que procedían de las sierras cercanas. Sobre las críticas a la gestión considera que es momento de “centrarnos en la recuperación” porque ha sido una “tragedia de magnitud descomunal”. “¿Quién no comete errores en una situación como esta?”, añade.
Rubén Moliner, concejal de Hacienda de Llocnou de la Corona, el municipio con el término más pequeño de España, sostiene que no pudo recibir ayuda de los vecinos Alfafar y Sedaví. Se trata de un pueblo “sin Policía Local y sin brigadas de servicios”. Agradece la ayuda recibida, por mediación del Ayuntamiento de Almàssera, en l’Horta Nord, que envió agricultores con tractores para las primeras limpiezas.
