Diana Morant ha cuestionado con dureza la renovación de la concesión de la gestión privada del hospital de Elche-Crevillent, al afirmar que empieza a oler raro en torno a este proceso y advertir de que la denuncia por calumnias presentada contra ella por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, no la va a silenciar.
La ministra ha puesto el foco en el procedimiento seguido para prorrogar el concierto que mantiene el hospital ilicitano bajo un modelo de gestión privada, recordando que se trata del último centro que continúa con este sistema en la Comunitat Valenciana tras la reversión impulsada en su día por Ximo Puig. A partir de ahí, ha insistido en que la decisión de renovar el contrato se tomó pese a que algunos informes técnicos la cuestionaban, lo que, a su juicio, alimenta las dudas sobre cómo se ha llevado a cabo la operación.
Morant ha vinculado estas sospechas con la relación personal y profesional del conseller. Según ha denunciado, el responsable de Sanidad negocia los precios y la compensación económica del concierto con su cuñada, a la que señala como la persona que representa económicamente a la empresa concesionaria, Ribera Salud. Para la ministra, este vínculo familiar introduce un posible conflicto de interés que obliga, como mínimo, a hacerse preguntas sobre la transparencia del proceso.
Además, ha subrayado que, según su versión, Ribera Salud ha comprado la clínica de Benidorm en la que trabaja como director el hermano del conseller. Morant encadena este hecho con la relación de la cuñada del responsable autonómico con la concesionaria, y plantea que la suma de estos elementos dibuja un escenario que exige explicaciones públicas y un escrutinio más intenso sobre las decisiones adoptadas en torno al hospital de Elche-Crevillent.
Denuncia del conseller y contexto politico
En este marco, la ministra ha considerado que la denuncia que le ha presentado el conseller de Sanidad por presuntas calumnias busca frenar sus críticas y condicionar su discurso. Ha recalcado que, si el conseller cree que con esa acción judicial va a impedir que traslade a la ciudadanía lo que, según ella, está ocurriendo con la concesión del hospital, se equivoca, y ha reiterado que no la van a callar.
Morant ha enmarcado esta polémica en una semana marcada por el debate sobre las relaciones entre responsables políticos, empresas y administración pública. Sin citar nombres, ha aludido de forma implícita a investigaciones abiertas en torno a figuras de primer nivel y ha señalado que, mientras se cuestiona la actividad de quienes han ocupado altas responsabilidades, resulta especialmente significativo que, al mismo tiempo, un conseller de Sanidad renueve el concierto del único hospital que seguía en manos privadas en la comunidad.
Según la ministra, esta renovación ha sido posible gracias a las políticas del anterior presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y del actual responsable del Consell, Juanfran Pérez Llorca. A su entender, la continuación del modelo privatizado en el hospital de Elche-Crevillent no solo prolonga una excepción dentro del sistema sanitario valenciano, sino que lo hace en un contexto de dudas y sospechas que, insiste, deben aclararse públicamente.
Morant ha defendido así su derecho a formular estas críticas y a exponer los elementos que considera preocupantes en la relación entre la administración sanitaria y la empresa concesionaria. Ha insistido en que seguirá hablando de lo que, según su criterio, está pasando con este contrato y con los vínculos familiares y empresariales que lo rodean, y que ni las amenazas de acciones legales ni la presión política le harán cambiar de postura.
