El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha presentado ante el Tribunal Supremo una querella contra la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, a raíz de las acusaciones de corrupción que la dirigente socialista dirigió contra él en relación con la privatización de la sanidad.
Según su entorno, la querella se interpuso el pasado miércoles 20 de mayo, después de que el conseller confirmara su decisión de seguir adelante con el procedimiento. La iniciativa judicial se produce tras el fracaso del intento previo de resolución mediante un acto de conciliación, al que Morant no acudió pese a haber sido convocada para el 2 de abril.
La defensa de Gómez había solicitado ese acto de conciliación como paso previo a la vía penal, con la intención de ofrecer a la ministra la posibilidad de rectificar públicamente. En el escrito presentado para justificar la petición se detallan las declaraciones que consideran lesivas y se subraya que la ausencia de Morant en la citación agotaba, a juicio del conseller, las opciones de solución extrajudicial del conflicto.
Acusaciones por la privatización sanitaria
En la documentación aportada por la defensa se recuerda que el pasado 4 de febrero Morant acusó al conseller de estar lucrándose con la privatización de la sanidad y de aparecer, según sus palabras, siempre detrás de todo lo que tiene que ver con la empresa Ribera Salud. Estas manifestaciones se interpretan como una imputación directa de que Gómez estaría obteniendo beneficios personales derivados de decisiones de gestión sanitaria.
El escrito añade que, un día después, el 5 de febrero, la dirigente socialista volvió a atribuir al conseller conductas de carácter delictivo. Para la defensa, estas nuevas declaraciones no se encuadran en una crítica política genérica ni en una valoración ideológica propia del debate público, ni tampoco en una opinión amparada por la libertad de expresión, sino en una imputación personal y concreta de hechos que podrían constituir delitos.
En esas intervenciones públicas, detallan los representantes legales del conseller, Morant atribuyó a Gómez un lucro personal indebido ligado al ejercicio de su cargo, así como conductas corruptas relacionadas con la privatización de la sanidad y una relación calificada de irregular y espuria con una empresa concreta del sector sanitario, Ribera Salud. La defensa sostiene que, por su contenido y severidad, estas afirmaciones trascienden la crítica política y afectan de lleno a la honorabilidad del responsable autonómico de Sanidad.
A partir de este análisis, el equipo jurídico de Gómez concluye que las manifestaciones descritas encajan plenamente en el delito de calumnias, al entender que se está imputando al conseller la comisión de delitos de corrupción sin que exista resolución judicial que lo avale. Por ello, considera que el acto de conciliación convocado en abril era la última oportunidad para que Morant se retractara y evitara que se presentara una querella criminal, con las posibles consecuencias penales, civiles y reputacionales asociadas a un procedimiento ante el Tribunal Supremo.
Denuncia paralela del PSPV-PSOE ante la Fiscalía
En paralelo a esta ofensiva judicial del conseller, el PSPV-PSOE presentó el pasado mes de febrero una denuncia ante la Fiscalía provincial de Valencia contra Marciano Gómez, la directora general del Grupo Ribera Salud, Sonia Hernández, y el gerente de la Clínica de Benidorm, Juan David Gómez. Esa denuncia se centra en la gestión sanitaria y en las decisiones adoptadas en torno a las concesiones.
En el escrito remitido a la Fiscalía, los socialistas señalan que existen claros intereses en conflicto entre el conseller y miembros de la cúpula de Ribera Salud, concesionaria a la que, según detallan, se le prorrogó ilícitamente la gestión del Departamento de Salud Elche-Crevillent. A su juicio, esa prórroga habría supuesto un grave quebranto para las arcas públicas en un contexto en el que, siempre según la denuncia, existía familiaridad entre las partes implicadas.
La denuncia añade que las prácticas en la gestión sanitaria podrían devenir, si se acreditan los hechos, en una serie de posibles delitos: negociaciones prohibidas y conflicto de intereses, administración desleal, corrupción en los negocios y prevaricación administrativa, así como delitos contra la salud pública, malversación y omisión de los deberes de supervisión por parte de la Generalitat. Con este texto, el PSPV-PSOE pretende que el Ministerio Público investigue si la actuación del conseller y de los responsables de la empresa sanitaria se ajustó a la legalidad o vulneró las normas que regulan la gestión de los recursos públicos y la prestación de servicios sanitarios.
La coexistencia de la querella de Gómez ante el Tribunal Supremo y de la denuncia del PSPV-PSOE ante la Fiscalía de Valencia ilustra la creciente tensión política y jurídica en torno al modelo de privatización sanitaria y al papel de la empresa Ribera Salud. Ambos procedimientos, aún en fases iniciales, marcarán los próximos meses en el ámbito sanitario y político valenciano, condicionando el debate sobre la gestión de los servicios de salud y el control del uso de fondos públicos.
