El sistema de cita previa, combinado con la gestión online de trámites con la administración, se suponía que iba agilizar todo tipo de gestiones, evitando las eternas colas frente a una ventanilla. Sin embargo, este objetivo está aún lejos de cumplirse.
Según el estudio publicado en enero de 2025 por la Asociación de Consumidores y Usuarios (OCU), las esperas para conseguir citas para trámites ante la administración están en uno de sus peores momentos. En Valencia y Alicante las gestiones que más dificultades han presentado son cambiar la titularidad del vehículo; solicitar la pensión de jubilación y pedir la prestación por desempleo.
En Valencia no ha sido posible conseguir una cita previa para realizar cualquier modificación en la titularidad del coche. Solicitar la pensión de jubilación no ha sufrido mejor suerte y hemos empeorado notablemente con respecto al 2024. En la capital y provincia de Valencia ha sido imposible conseguir una cita para realizar este trámite. En Alicante se logró cita en otras localidades de la provincia, no así en la capital. Además, los desempleados de Alicante que tramiten su subsidio también lo van a pasar mal. En la capital de provincia nunca se obtuvo una cita y si se decide acudir a la oficina de empleo de la provincia la espera es de 18,3 días de media, una situación muy preocupante para el peticionario. En Valencia en cambio, si se consiguió cita para el subsidio en dos de cada tres ocasiones, tanto en la capital como en la provincia.
No conseguir cita previa para realizar trámites como solicitar la pensión de jubilación o un subsidio por desempleo pueden causar un auténtico problema al usuario, que se ve privado temporalmente de su sustento económico. Estas dificultades para conseguir una cita presencial discriminan al colectivo más vulnerable (personas mayores, colectivos con menores ingresos o que viven en entornos rurales), que suelen coincidir con los usuarios con menor experiencia digital.
En base a los preocupantes resultados del estudio, OCU Valencia exige mejoras en los sistemas públicos de cita previa en al menos un 95% de los casos y con una demora máxima de 5 días laborables (o 7 naturales), además considera que deben impulsar cursos de capacitación digital para los usuarios más vulnerables de modo que puedan optar por hacer las gestiones administrativas online y no tener que desplazarse necesariamente en persona hasta sus oficinas.