El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado el anuncio para la adquisición directa de una parcela destinada a albergar el nuevo Palacio de Justicia de Xàtiva. Con este paso, la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación inicia el trámite administrativo para incorporar los terrenos a su patrimonio y poder proyectar la futura sede judicial de la capital de La Costera.
La actuación busca desbloquear una infraestructura reclamada desde hace años por el partido judicial de Xàtiva. La consellera de Justicia, Nuria Martínez, ha defendido que los vecinos y profesionales «llevan demasiado tiempo esperando un palacio de Justicia digno, accesible y funcional».
Martínez ha reclamado colaboración al Ayuntamiento de Xàtiva después de que, según expone la Conselleria, el consistorio haya desestimado las propuestas planteadas para avanzar en la obtención de suelo. La consellera ha pedido al equipo de gobierno local que «recapacite, actúe, deje de poner trabas, y colabore para poder dar respuesta a esta reivindicación histórica cuanto antes». Además, ha asegurado que «desde la Conselleria seguiremos tendiendo la mano al Ayuntamiento de Xàtiva».
Una nueva parcela para avanzar en la sede judicial
La titular de Justicia ha insistido en que el objetivo del departamento autonómico es que el nuevo Palacio de Justicia de Xàtiva pueda materializarse cuanto antes. «Queremos que el nuevo Palacio de Justicia de Xàtiva sea una realidad lo más pronto posible, por eso estamos avanzando en todos los frentes para que esta nueva infraestructura judicial se materialice lo más pronto posible», ha señalado.
La Conselleria sostiene que la nueva ubicación resulta clave para superar los condicionantes detectados en la propuesta anterior, que situaba la sede judicial en el monasterio de Santa Clara. Según el departamento autonómico, distintos informes técnicos elaborados desde 2018 han desaconsejado esa opción por problemas de espacio, accesibilidad, distribución interior, evacuación y conservación patrimonial.
Uno de esos informes, fechado en julio de 2018, concluyó que el traslado de la actual sede judicial al monasterio no era viable. El análisis señalaba que el inmueble contaría con una superficie inferior a la sede actual y que su configuración espacial dificultaría la distribución de los órganos judiciales.
Informes técnicos contra la opción de Santa Clara
La Conselleria también apunta a otro informe de agosto de 2018 que advertía de los condicionantes derivados de la protección del edificio como Bien de Interés Cultural. Además, un informe posterior de julio de 2020 volvió a incidir en las dificultades de distribución y en la posible incidencia arqueológica del emplazamiento.
En enero de 2021, el personal técnico del propio departamento volvió a emitir consideraciones que, según Justicia, condicionaban de forma importante la implantación de la sede en Santa Clara. Entre otros aspectos, el informe advertía de la práctica imposibilidad de ejecutar sótanos en el edificio.
Martínez ha afirmado que «todas estas variaciones demuestran que el Plan funcional de la actuación se fue forzando para hacer encajar a toda costa la actuación en dicha parcela». La consellera ha resumido esa situación con una comparación: «Desde el principio se ha intentado hacer encajar un zapato de la talla 37 en un pie de la talla 42».
Una sede para todo el partido judicial
La Conselleria recuerda que el primer informe de necesidad, de enero de 2019, contemplaba una sede con capacidad para siete juzgados. Sin embargo, en febrero de ese mismo año, y posteriormente en julio de 2022, se planteó un nuevo informe que redujo la previsión de siete a cinco juzgados.
Según Justicia, esta reducción dejaba una capacidad de crecimiento muy limitada, ya que la actual sede cuenta con cuatro plazas judiciales. De esta forma, el nuevo edificio solo permitiría incorporar una plaza adicional, algo que el departamento considera insuficiente para cubrir las necesidades del partido judicial durante las próximas décadas.
La Conselleria señala que esta limitación también ha sido advertida en informes técnicos, incluido uno específico de enero en el que se indica la imposibilidad de crecimiento de la sede ante la posible creación de nuevas plazas judiciales en los próximos años.
«Si ya hace ocho años este proyecto se quedaba pequeño, imagínese hoy, con una ley de eficiencia que ha modificado radicalmente la organización de los tribunales de instancia y con la nueva sección que se va a crear», ha defendido Martínez. La consellera ha añadido que «el proyecto inicialmente planificado es incapaz de atender las necesidades del partido judicial de Xàtiva».
Por último, Martínez ha recordado que la sede judicial de Xàtiva no solo presta servicio a la ciudad, sino a todo el partido judicial. En concreto, atiende a casi 88.000 habitantes de 26 municipios de La Costera y La Canal de Navarrés.
