El desahucio previsto de 13 viviendas ocupadas de un bloque de la localidad valenciana de Montserrat ha acabado finalmente con la paralización del lanzamiento de las personas alojadas en seis de ellas para que puedan aportar la documentación que acredite su situación de vulnerabilidad.
Los pisos se encuentran en unos bloques situados en las calles de la Pau y Megtge Manuel Llombart y 54 de ellos son propiedad de la Sareb. Este miércoles estaba previsto el lanzamiento judicial de 13 de las viviendas donde, según han asegurado a Europa Press fuentes de la gestora, se había constatado la presencia de personas “no vulnerables”, con conducta “conflictiva” y antecedentes policiales.
Al llegar a lugar, donde se habían desplazado las fuerzas de seguridad y la comisión judicial, se han encontrado con que siete viviendas estaban ya vacías y “vandalizadas“. En el resto, seis pisos, han hallado a personas que no pertenecían a ese grupo “conflictivo” y, por ello, se les ha hecho entrega de sendas comunicaciones individuales en las que se les da un plazo de diez días para aportar documentación y acreditar su vulnerabilidad si es el caso.
Desde la Sareb han recalcado que hoy solo se iba a proceder al lanzamiento en esas 13 viviendas, puesto que hay una serie de inmuebles donde viven familias a las que se les va a ofrecer un alquiler social, si están en situación de vulnerabilidad, o compra preferente, si no se incluyen en esta consideración.
“La intención de la Sareb es que la conflictividad termine y que las personas puedan seguir viviendo en las casas de forma adecuada“, señalan fuentes de la entidad, que enfatizan la “coordinación absoluta” en todo el proceso tanto con las fuerzas de seguridad como con los servicios sociales del Ayuntamiento.
Hasta la zona se han desplazado también a primera hora de la mañana representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cuyo portavoz, José Luis González, ha reconocido que la situación del bloque es “bastante compleja“.
Ha señalado que hay una demanda judicial que hace la Sareb –tras quedarse con los pisos por impago de una promotora– en relación a unas 54 viviendas, pero los moradores tienen situaciones distintas.
Así, hay alrededor de 25 familias que tienen contratos pero que la justicia “dice que no son legales, con lo cual la gente estaba pagando y firmando un contrato cuando en realidad parece ser que no tenían validez”, ha explicado en declaraciones a Europa Press TV.
La PAH ha estado acompañando a este grupo de personas y “sí se ha conseguido claramente que la Sareb no las tire y, además, envía a un trabajador social que está estudiando la situación de vulnerabilidad o no que tienen para ofrecer, si hay vulnerabilidad contrato de alquiler y si no, venta (preferente)”.
Desde la PAH instan a la Sareb a “analizar las situaciones“. El problema más grave –sostienen– es que, desde hace muchísimos años, el planteamiento es que la Sareb tiene como primera prioridad “rescatar a los bancos porque tenían miles de viviendas y esas miles de viviendas no sabían los bancos qué hacer con ellas”.
“Pedimos a la Sareb, pedimos al gobierno actual, al que ha habido y a todos los demás, porque creemos que tienen responsabilidad, tanto comunidad autónoma como ayuntamientos, que cambie el procedimiento de la Sareb“, insisten.
“RESPIRAR” UNOS DÍAS MÁS
Una de las personas cuyo desalojo ha sido paralizado, Nieves, ha comentado a Europa Press TV que, de esta forma, puede “respirar” unos días más. En su caso, afirma, ya había solicitado un alquiler social y se encuentra a la espera de respuesta.
Ha relatado que ha ocupado la vivienda porque se vio abocada a “dormir en un coche”. Pese a tener un trabajo en un centro hospitalario —cobra 470 euros de fines de semana y festivos, ha precisado– ahora está de baja a causa de una afección pulmonar.
Finalmente, ha explicado que otro familiar, su nuera con un menor a su cargo, también se encuentra en la misma situación en el bloque de edificios.
