Tras los «ataques infundados» y el «acoso político» al que, según el PP, está sometiendo el grupo municipal socialista al equipo de gobierno y, en particular, al Gabinete de Comunicación, el Grupo Municipal Popular ha querido recordar el llamado ‘Caso Becarios’ que afectó al PSOE de Jesús Ros en el Ayuntamiento de Torrent, un episodio que, según afirman, «reveló un fraude laboral continuado, sentencias condenatorias firmes y la gestión opaca de un gobierno municipal que ha costado a los torrentinos decenas de miles de euros».
«136.681 euros de Seguridad Social pagados con dinero público y 7.000 euros en indemnizaciones»
Todo comenzó cuando la Inspección de Trabajo concluyó en 2021 que tres personas contratadas como becarias en el Gabinete de Prensa municipal desempeñaban en realidad funciones propias de personal laboral, encadenando contratos de prácticas durante casi cuatro años (2016-2020).
Las becarias denunciaron al Ayuntamiento ante la Inspección, lo que derivó y tuvo las siguientes consecuencias: la primera, un acta de liquidación parcial que obligó al consistorio a abonar 136.681 euros en cuotas de Seguridad Social, desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional. Este dinero, según denuncia el PP, «salió directamente del bolsillo de los torrentinos como consecuencia de una práctica que encubría relaciones laborales estables bajo la apariencia de becas formativas».
Y la segunda, la reclamación de cantidades al Ayuntamiento: las tres beneficiarias percibieron entre 800 y 900 euros al mes cuando, de haber sido contratadas como trabajadoras en categoría A2, deberían haber cobrado entre 2.500 y 2.650 euros mensuales. Las tres reclamaron cantidades cercanas a 75.000 euros cada una, más intereses, aunque finalmente, tras las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento terminó abonando indemnizaciones parciales que sumaron casi 7.000 euros, destacando los 5.060 euros que recibió una de ellas.
La gravedad de la situación, según el PP, «no terminó con la condena judicial»: la Inspección alertó de que el caso podría abrir la puerta a más reclamaciones de jóvenes en prácticas que se encuentren en circunstancias similares, «poniendo de manifiesto un modelo sistemático de precarización laboral en el seno del Ayuntamiento».
«El caso destapó un esquema basado en becas de larga duración que sustituían a puestos estructurales, reflejando una estrategia para evitar contrataciones estables y cotizaciones completas».
Comisión de investigación: «presidida por el propio concejal de Personal del PSOE»
En respuesta a la presión política, en 2021 se aprobó la creación de una comisión de investigación en el Pleno municipal por el PSOE y Ciudadanos. Sin embargo, el PP critica que «el PSOE, responsable del área investigada, presentó una enmienda a su propia propuesta y logró que su portavoz y concejal de Personal, Andrés Campos, asumiera la presidencia de la misma». Esta autoinvestidura, sostienen, «se reconoció como un intento de desvirtuar la investigación».
Además, afirman que «el PSOE, con la complicidad de Ciudadanos, redujo el tiempo de funcionamiento de la comisión de investigación de seis meses a un solo mes», buscando —según el PP— «un cierre exprés para evitar responsabilidades políticas».
«La ciudadanía de Torrent fue la gran perjudicada»: además del daño económico, el PP afirma que «quedaba un Ayuntamiento bajo la sospecha de malas prácticas laborales, gestión opaca y un desprecio absoluto por la dignidad de los trabajadores jóvenes».
El Grupo Municipal Popular recuerda también que la comisión de investigación creada en el Ayuntamiento de Torrent con motivo del ‘Caso Uniformes’ de la Policía Local «fue presidida por el propio alcalde Jesús Ros». Aseguran que este procedimiento «no respetaba el Decreto 114/2005 de la Generalitat Valenciana» y que hubo «sobrecostes por más de 205.000 € respecto a alternativas más económicas (hasta un 200 % más baratas)».
«El PSOE no está legitimado para cuestionar ni dar lecciones de gestión»
«Resulta indignante que el PSOE pretenda dar lecciones de buena gestión cuando son ellos quienes han provocado, con sentencias firmes en contra, que el Ayuntamiento de Torrent haya tenido que pagar con dinero de todos los vecinos las consecuencias de su nefasta política de personal», afirma el PP.
Con el ‘Caso Becarios’ como «prueba irrefutable», los populares concluyen que «el PSOE no solo no puede erigirse en ejemplo de nada, sino que su credibilidad en materia de transparencia y gestión responsable está completamente anulada por su historial de condenas y prácticas fraudulentas».
«Cinismo e hipocresía como estrategia política»
«Es un acto de cinismo e hipocresía extremos que quienes han sido condenados por vulnerar derechos laborales se atrevan a cuestionar el actual Gabinete de Comunicación o a impulsar comisiones de investigación para desviar la atención», añade el comunicado. Y concluyen: «El PSOE demuestra así que prefiere embarrar el debate público antes que asumir responsabilidades por el daño que su mala gestión ha ocasionado al bolsillo de los torrentinos y a la dignidad de los trabajadores jóvenes».
«Lo más revelador de esta historia», según el PP, es que tras el escándalo del ‘Caso Becarios’ y las sentencias en contra, «fue el propio PSOE quien decidió licitar un concurso público de asistencia en comunicación para regularizar el funcionamiento del Gabinete de Comunicación municipal». Un procedimiento que —destacan— «es exactamente el mismo modelo de licitación que ha utilizado el actual gobierno», lo que «desmonta cualquier crítica socialista» y «evidencia que sus ataques actuales son puro oportunismo político».
