La mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado ha tumbado definitivamente los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de administraciones públicas en el periodo 2024-2026 planteados por el Gobierno, con lo que serán más exigentes para comunidades autónomas y ayuntamientos. Ahora bien, esto no supondrá un obstáculo para la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024.
“Hoy el Senado cierra las puertas al abuso de poder y se pone al lado de los españoles diciendo no, por segunda vez, al objetivo de estabilidad. Han tropezado con la primera piedra en el camino de los Presupuestos”, ha señalado la senadora del PP, Eva Ortiz, durante el debate en el Pleno del Senado este miércoles.
La senda fiscal propuesta por el Gobierno, así como su Plan de Reequilibrio para el periodo 2024-2026, ha contado con 146 votos en contra, 115 votos a favor y cero abstenciones.
El pasado 7 de febrero el PP ya hizo valer su mayoría absoluta en el Senado y tumbó los objetivos, de manera que forzó al Gobierno, tal y como establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a volver a la casilla de inicio del trámite parlamentario y aprobar de nuevo en el Consejo de Ministros del 13 de febrero la senda de déficit.
Pero tras volver a presentarse los mismos objetivos por parte del Gobierno y pese al aval del Congreso, esta senda ha decaído definitivamente, aunque esto no supondrá un obstáculo para la aprobación de los Presupuestos de 2024.
Y es que, independientemente del resultado de la votación de este miércoles, la tramitación de los Presupuestos podrá seguir su curso y el proyecto podría ser aprobado por el Consejo de Ministros, una vez recabados los apoyos parlamentarios necesarios para poder sacarlo adelante en las Cortes Generales.
De hecho, la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, ha confirmado este miércoles que el Gobierno presentará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 pese al veto del PP en el Senado a los objetivos de déficit y ha advertido a los ‘populares’ de que “se les va a hacer esta legislatura muy larga”.
“Quiero dejar muy claro en esta tribuna que el Gobierno va a presentar su proyecto de presupuesto para 2024 y lo va a remitir a las Cortes Generales”, ha asegurado Montero desde la tribuna del Senado.
La intención del Ministerio de Hacienda es aprobar la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 en la primera parte del año. Para ello ya tiene listo el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, del Presupuesto del Estado para 2024, que se eleva a 199.120 millones de euros, un 0,5% más con respecto al ejercicio anterior, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.
Cabe recordar que el techo de gasto no se vota en las Cortes, sólo los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, que tendrán que estar alineados con las normas fiscales europeas, tras años suspendidas por la pandemia.
Objetivos más exigentes para ccaa y ayuntamientos si decaen
Ahora que se han rechazado los objetivos planteados por el Gobierno, Montero ha avisado de que la nueva senda será la remitida a la Comisión Europea en abril dentro del Programa de Estabilidad, lo que se traduciría en una menor capacidad de gasto para comunidades y ayuntamientos.
Esa senda fija que el déficit del conjunto de las administraciones públicas se situará en el 3% en 2024; en el 2,7% en 2025; y se reducirá al 2,5% en 2026.
En el ámbito territorial, los objetivos que se aplicarán fijan la estabilidad presupuestaria para comunidades autónomas –frente al déficit del 0,1% rechazado– y un superávit del 0,2% para ayuntamientos este año –frente al equilibrio presupuestario anteriormente planteado–, lo que supone dar menos margen para el gasto de ambas Administraciones.
La tramitación de los pge puede seguir su curso
Hacienda cuenta con un informe de la Abogacía del Estado, sustentado en el artículo 135 de la Constitución, que permitiría la tramitación presupuestaria con esa senda remitida a Bruselas en abril, según asegura el Gobierno.
Pero el Partido Popular ha cargado contra este “informe inexistente” de la Abogacía del Estado mencionado por la ministra de Hacienda que le asegura la tramitación de las cuentas públicas en 2024. “Digo inexistente porque en el Senado solicitamos este informe de la Abogacía del Estado el 12 de diciembre y hoy, 5 de febrero, no tenemos noticias de este informe y no se ha hecho público”, llegó a denunciar la senadora popular, Alicia García.
Pero fuentes del Departamento que dirige María Jesús Montero han asegurado a Europa Press que este informe se conocerá una vez el PP haya rechazado por segunda vez los objetivos.
