La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas ha acudido este lunes a la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso de los Diputados, pero ha anunciado que no responderá a las preguntas de los diputados. Ha alegado su condición de investigada en la causa penal abierta por la tragedia de la riada del 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia y el consejo de su defensa.
Durante su intervención inicial, Pradas ha recordado a los grupos parlamentarios que continúa vigente una investigación judicial sobre la gestión de la emergencia provocada por aquella dana, que asoló parte de la provincia de Valencia y causó 233 fallecidos. Ha subrayado que su situación procesal sigue siendo la de investigada dentro de ese procedimiento penal.
La exconsellera ha explicado que ya ha comparecido ante el juzgado en tres ocasiones dentro de la causa. En abril de 2025 ha declarado por primera vez como investigada. Posteriormente, en enero de 2026, ha participado en un careo con otras personas implicadas en la investigación judicial. La última diligencia se ha producido en julio de 2026, cuando ha intervenido en un reconocimiento de un documento manuscrito.
Según ha indicado, en esa misma causa permanece investigada junto con el que fuera secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Ambos figuran en la instrucción por su papel en la gestión de los avisos durante la emergencia meteorológica.
Derechos constitucionales y silencio ante los diputados
En relación con la comisión investigadora del Congreso, Pradas ha precisado que el objeto de estos trabajos parlamentarios coincide con el ámbito de la causa judicial en curso. Por este motivo, ha señalado que se remite a las manifestaciones que ya ha realizado ante el juzgado y a lo que expuso en su primera comparecencia en la Cámara Baja, celebrada el pasado 15 de diciembre.
La exconsellera ha invocado de forma expresa sus garantías constitucionales. Ha defendido que le amparan su derecho fundamental a la presunción de inocencia y su derecho de defensa. Por respeto a la instrucción judicial, ha insistido en que no añadirá nueva información ante los diputados ni responderá a las preguntas que le formulen.
Pradas ha recordado que comparece por segunda vez ante la comisión que analiza la gestión institucional y política de la dana de octubre de 2024. Sin embargo, ha recalcado que su posición procesal no ha cambiado desde entonces, por lo que mantiene su decisión de guardar silencio en sede parlamentaria.
Motivos de la imputación por la dana de 2024
La imputación de Pradas en la causa judicial se debe a las competencias que tenía su Conselleria cuando se produjo la riada. El departamento de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana asumía la responsabilidad sobre el envío de las alertas del sistema Es-Alert a la población ante emergencias graves.
La investigación penal analiza, entre otros aspectos, cómo se gestionaron esos avisos a la ciudadanía durante la dana del 29 de octubre de 2024 en Valencia. La causa trata de delimitar si hubo fallos en la activación o difusión de las alertas que pudieran haber influido en el elevado número de víctimas mortales.
El pasado 9 de marzo, la defensa de la exconsellera ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el sobreseimiento libre de la causa penal abierta contra ella. Sus abogados han argumentado ante el TSJCV que Pradas carece de responsabilidad criminal directa en el desarrollo de los acontecimientos que desembocaron en la catástrofe.
A la espera de que el tribunal resuelva esa petición, la exconsellera ha optado por no aportar más detalles ni valoraciones en el Congreso. Ha reiterado que cualquier aclaración adicional se producirá dentro del procedimiento judicial, donde ya ha prestado declaración en varias ocasiones y donde, ha insistido, se están analizando las decisiones adoptadas durante la gestión de la dana en la provincia de Valencia.
