El presidente de la Audiencia Provincial de Valencia ha considerado lícitas las críticas a la jueza del Juzgado de Instrucción 3 que dirige la causa sobre la gestión de la dana, pero ha advertido de que resultan inaceptables las que buscan influir en sus decisiones. Según ha señalado, algunas de esas manifestaciones parecen orientadas a que la magistrada ‘ modifique su conducta procesal, algo que nunca se consigue ‘.
En un balance de su primer mes al frente del tribunal, José Manuel Ortega ha repasado la evolución de la causa y la respuesta de la Audiencia a los recursos de apelación de un procedimiento de gran trascendencia mediática. Ha subrayado que la crítica forma parte del control social de la Justicia, pero ha remarcado que convertirse en presión excede los límites del debate legítimo.
Ortega ha explicado que los 23 recursos de apelación planteados hasta ahora se han resuelto por el pleno de la Sección Segunda, integrado por seis magistrados, con el objetivo de ofrecer ‘ la mayor calidad posible a sus resoluciones ‘. Esta fórmula, ha indicado, permite una ‘mirada‘ conjunta que mantiene a todos los miembros ‘constantemente instruidos en la causa‘ y refuerza la coherencia interna de los fallos. De este modo se gana seguridad jurídica, se reducen contradicciones y se aportan criterios homogéneos en asuntos sensibles.
‘Lo hacemos en casos excepcionales, cuando observamos que es conveniente reforzamos la resolución o la decisión con la postura de los seis magistrados‘, ha explicado, en referencia a un mecanismo que se reserva para cuestiones complejas o especialmente controvertidas.
Críticas sí, presión no
Sobre los señalamientos a la instructora, ha reflexionado que ‘en un asunto de trascendencia mediática puede suceder, no es infrecuente, que haya ataques contra quien dirige la instrucción’. Y ha defendido los límites: ‘Faltaría más, la crítica es lícita, es legítima, el poder judicial está sometido a la crítica, a la mirada de todos aquellos que tengan interés en lo que hacemos’.
Con todo, ha advertido de que ‘hay críticas que parecen orientadas a generar algún tipo de desequilibrio, a impactar en la jueza para que modifique su conducta procesal, cosa que nunca se consigue‘. A su juicio, ese tipo de mensajes ‘excede del espacio de la crítica que debiera suscitarse a la actividad de cualquier poder’.
Preguntado por las expectativas que rodean el procedimiento, ha insistido en que ‘las expectativas son ajenas al trabajo del tribunal‘ y ha reivindicado la autonomía de los jueces: ‘Nuestra independencia está protegida; aunque mucha gente no se lo crea, tenemos las condiciones para desarrollar nuestro trabajo con independencia’.
También ha recordado que un juez es ‘un ciudadano que tiene sus ideas, pero en el ejercicio de la función jurisdiccional cumple sus obligaciones‘. Y ha añadido: ‘¿Estamos a salvo de nuestro sesgo? No, como todos. Pero es nuestra obligación que no haya, de manera consciente, ninguna desviación que nos aparte de la correcta interpretación del caso. Como todo en la vida, hay jueces mejores y peores, como médicos o periodistas’. En este punto, ha señalado la exigencia central del oficio: ‘Lo que se nos debe exigir para apartarnos de cualquier sospecha es la calidad de las motivaciones en las decisiones que adoptamos’.
Macrocausas y carga de trabajo
Sobre la tramitación de macrocausas, ámbito en el que ha acumulado experiencia al instruir el caso Maeso, ha afirmado que ‘ no hay una metodología concreta, sino que se tiene que improvisar en cada caso’. A su entender, son procedimientos que se alargan en el tiempo, exigen adaptar continuamente la organización del juzgado y obligan a priorizar actuaciones en función de la evolución de la investigación y del interés público.
Ha admitido, además, el impacto personal de estos procesos: ‘Son asuntos que condicionan profesional y vitalmente a un juez durante mucho tiempo, más si está expuesto al interés de la opinión pública‘. Esa presión se suma, ha lamentado, a la sobrecarga estructural de los órganos judiciales valencianos, que obliga a redoblar esfuerzos para sostener los plazos y explicar con detalle las resoluciones.
En este punto, ha sido pesimista sobre cambios a corto plazo: ‘Creo que la Justicia no ha sido una prioridad política, y no creo que vaya a cambiar’. De ese diagnóstico se desprende que la mejor garantía para la ciudadanía es mantener decisiones sólidamente motivadas y criterios homogéneos mientras persistan las limitaciones de medios.
