El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido en Alicante la llamada ‘prioridad nacional’ en materia de vivienda pactada con Vox, pese a las críticas de PSPV y Compromís y a las advertencias desde Europa por la exigencia de hasta diez años de empadronamiento para acceder a ayudas públicas.
Pérez Llorca ha realizado estas declaraciones tras asistir a la apertura del sexto Foro Económico Español de Alicante, celebrado en el Distrito Digital del Puerto de Alicante. Después del acto, ha atendido a los medios y ha reivindicado que las medidas acordadas con Vox siguen la línea de muchas ordenanzas locales.
‘Si se atiende a las ordenanzas municipales de la mayoría de los ayuntamientos, por ejemplo, en la Comunitat Valenciana, se dará cuenta de que siempre se establecen prioridades de aquellos vecinos que llevan más tiempo empadronados’, ha sostenido el president.
El jefe del Consell ha insistido en que no ve ‘ningún problema’ en estas cláusulas. Ha asegurado que se aplican en ‘todas las administraciones, sean del signo político que sean’. A su juicio, se está intentando abrir un debate artificial sobre una práctica que ya existe en otros ámbitos.
En esta línea, Pérez Llorca ha considerado que se intenta ‘generar un debate’ que, en sus palabras, ‘a veces, sinceramente, a mí me parece, me parece estéril’. Se ha reafirmado en el acuerdo con Vox porque, según ha defendido, permite a la Comunitat Valenciana ‘tener estabilidad’, además de haber conseguido aprobar un presupuesto, bajar impuestos y avanzar en la construcción de vivienda pública.
El president ha remarcado que ‘no me arrepiento de nada del pacto’ y ha reivindicado que su gobierno tiene ‘capacidad de diálogo y capacidad de entendimiento, algo que nos va a permitir seguir siendo una tierra próspera’.
PP y Vox cierran filas con el acuerdo
Paralelamente, el síndic del PP en Les Corts, Fernando Pastor, ha respaldado también la ‘prioridad nacional’ ante los medios de comunicación en los pasillos del parlamento valenciano. Sobre la denuncia de Compromís, ha asegurado que ‘debe haber un malentendido’ y ha defendido la coherencia de este criterio.
Pastor ha subrayado que hay municipios gobernados por el PSOE que aplican requisitos similares. Ha citado el caso de Gandia. ‘En la tierra de Diana Morant es donde más duros son respecto al arraigo, allí piden 10 años. No creo que Europa vaya a poner ningún problema’, ha afirmado.
Por su parte, el síndic de Vox, José María Llanos, ha asegurado que la medida es ‘absolutamente legal’ y ha dicho no tener dudas al respecto. ‘Vox no hace las cosas sin pensar, sino que las trabaja’, ha señalado.
Llanos ha añadido que fijar criterios de prioridad en la baremación de las ayudas ‘es constitucional, como se hace en muchas otras cuestiones’. Ha defendido que se trata de ordenar el acceso a recursos limitados según el arraigo y la vinculación con el territorio.
PSPV y Compromís denuncian discriminación
En el lado opuesto, la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra Diana Morant ha cargado contra la ‘prioridad nacional’. En un mensaje en redes sociales, ha recordado que ya advirtió ‘desde el primer momento que la prioridad nacional choca con los principios de igualdad recogidos en la Constitución Española’.
Morant ha añadido: ‘Hoy, el PP Europeo le recuerda a Pérez Llorca que es ilegal exigir 10 años de empadronamiento para acceder a ayudas a la vivienda’. De este modo, ha subrayado que el criterio cuestionado no solo tiene contestación política en la Comunitat Valenciana, sino también en el ámbito comunitario.
En Les Corts, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha acusado a PP y Vox de que ‘intentan engañar’ y ha tildado de ‘radicalmente falso’ que los municipios socialistas apliquen la ‘prioridad nacional’.
‘No hay ninguna norma que diga que un nacional está por delante de un extranjero para ser beneficiario de derechos como la vivienda, no existe en ningún lugar de España. Existe el arraigo, que es diferente’, ha explicado Muñoz.
El dirigente socialista ha ido más allá y ha lamentado que el PP de la Comunitat Valenciana ‘es el más racista de toda Europa’. Ha reclamado al PP europeo ‘más sentido común’ y que ayude a ‘defender los valores de la democracia y que no se permita el apartheid’.
Desde Compromís, el portavoz en Les Corts, Joan Baldoví, ha recordado que su formación ya había presentado una denuncia al Defensor del Pueblo por esta cuestión. Ahora prevén reforzarla con la resolución de la Comisión Europea que cuestiona los diez años de empadronamiento.
‘Si yo fuera el Gobierno valenciano, lo que haría sería anular estos artículos que contravienen la legislación europea, a no ser que el PP sea tan dócil y débil respecto a Vox que quiera mantenerse en el error y que un tribunal acabe diciendo que es anticonstitucional’, ha concluido Baldoví.
El choque político sobre la ‘prioridad nacional’ se ha intensificado así en la Comunitat Valenciana. Mientras el Consell de PP y Vox reivindica el pacto como garantía de estabilidad y defensa del arraigo, PSPV y Compromís lo señalan como una medida discriminatoria que vulnera la normativa europea y los principios de igualdad recogidos en la Constitución.
