El PSPV-PSOE ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que se anule el dictamen de la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts Valencianes, aprobado en solitario por PP y Vox el pasado 17 de junio, por considerar que vulnera derechos y blinda políticamente al president Carlos Mazón y al Consell del Ventorro.
La portavoz de Emergencias del grupo socialista en Les Corts, Alicia Andújar, ha explicado que el recurso detalla las ‘irregularidades’ que, a su juicio, se han producido tanto durante el desarrollo de la comisión como en la aprobación del dictamen final.
Según ha señalado Andújar, en el escrito los socialistas reclaman que se restablezcan los derechos que consideran vulnerados y que se deje sin efecto una actuación parlamentaria que, en sus palabras, ‘no puede tener cabida en una institución que representa la voz del pueblo valenciano, y en consecuencia, la memoria de las 232 personas que murieron ahogadas’.
La diputada ha defendido que ‘Les Corts Valencianes están para esclarecer lo sucedido y para exigir responsabilidades’ y ha advertido de que ‘no vamos a permitir que el Partido Popular y Vox utilicen Les Corts como escudo político para borrar la responsabilidad de Mazón y al Consell del Ventorro’.
Andújar ha calificado el dictamen de la comisión sobre la dana como ‘ilegal e intolerable’ y ha avanzado que su formación ha decidido llegar ‘hasta el final’ y usar todas las vías jurídicas y parlamentarias a su disposición para lograr que el documento quede sin efecto y desaparezca del Diario de Sesiones de Les Corts.
A su juicio, ‘frente a los intentos de imponer una versión que encubre a Mazón, nuestra obligación como representantes del pueblo valenciano es defender la verdad, la dignidad de las víctimas y el derecho de toda la sociedad valenciana a saber qué ocurrió y por qué’.
Contenido del dictamen sobre la dana
El dictamen con las conclusiones de la comisión de investigación, de 126 páginas, ha señalado diversas ‘deficiencias’ en la información meteorológica e hidrológica que se transmitió durante la emergencia, así como la falta de ejecución por parte del Gobierno central de infraestructuras hídricas en zonas de riesgo.
En cuanto al papel de la Generalitat, el texto se limita a apuntar ‘una falta de dirección a la hora de exigir, contrastar y reclamar de forma constante información actualizada sobre la evolución hidrológica de los barrancos y caudales que estaba en posesión de la Confederación Hidrográfica del Júcar‘.
El documento se ha aprobado con los votos favorables del PP y Vox y el rechazo de los grupos de la oposición. Con esa votación se ha dado por cerrada la investigación parlamentaria sobre esta tragedia, que causó 232 muertes.
La comisión se ha abierto a finales de enero de 2025 y ha celebrado doce sesiones. En ellas se ha escuchado el testimonio de 32 personas, aproximadamente un tercio de las comparecencias previstas en el plan de trabajo impulsado por PP y Vox.
Entre las personas que no han comparecido figuran la exconsellera de Interior Salomé Pradas y su ex número dos, Emilio Argüeso, ambos investigados en la causa judicial que se ha abierto por esta catástrofe.
