La defensa del expresident de la Generalitat Carlos Mazón ha presentado un recurso de reposición contra la decisión de la jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana de rechazar su petición de remitir a la Audiencia Provincial de Valencia una serie de documentos concretos para que este órgano pueda pronunciarse sobre ellos.
La magistrada Nuria Ruiz Tobarra dictaminó la pasada semana que no procedía la «designación de particulares», el trámite que permite solicitar que la Audiencia revise documentación específica de una causa. La resolución argumentó que esa petición no cabía «dado que el recurrente no tiene acceso a las actuaciones».
Frente a esa decisión, la defensa de Mazón ha recurrido la diligencia de ordenación al apreciar una «contradicción». Según expone, sí se admitió el recurso de apelación presentado contra el auto en el que la jueza rechazó su personación en la causa después de haber sido citado como testigo, pero después se ha denegado la incorporación de los documentos que considera necesarios para esa revisión.
La representación del expresident sostiene en su escrito que «admitir la apelación y negar, a la vez, la incorporación al testimonio de los particulares designados por el recurrente supone apartarse del diseño legal del recurso y frustrar su finalidad revisora». A su juicio, esa decisión «vulnera el derecho de defensa y produce indefensión».
Según argumenta la defensa, impedir esa designación de particulares evita que el tribunal de apelación pueda contrastar de forma directa las alegaciones incluidas en el recurso. En ese sentido, sostiene que esa limitación «reduce artificialmente el material procesal» sobre el que debe pronunciarse la Audiencia y genera una «indefensión efectiva».
Asimismo, el recurso añade que la diligencia impugnada incurre en un «formalismo irrazonable y desproporcionado», al admitir el recurso de apelación pero privarlo, según mantiene la defensa, de la «base documental mínima» para que pueda ser examinado en toda su extensión por el tribunal superior.
La representación de Carlos Mazón afirma además que «no existe obstáculo legal alguno» para aceptar la designación de particulares que ha planteado y defiende que esa vía es «la única solución respetuosa» con la Ley de Enjuiciamiento Criminal y con la exigencia constitucional de evitar interpretaciones formalistas que, según sostiene, lesionen el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva.
