El sindicato CSIF pide un “refuerzo urgente” de plantilla en el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). La central sindical señala que la escasez de personal, sumada a la acumulación de tareas y a los numerosos cambios informáticos y de procedimientos, está provocando retrasos en tramitaciones. En esa línea apunta que llegan a tardar un año en hacerse efectivas las incapacidades permanentes por sentencia.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) afirma que “el retraso en la tramitación de incapacidad permanente tras resolución judicial se alarga hasta un año desde que existe sentencia firme“. Este hecho significa, en la práctica, que quienes la solicitan en la actualidad, el INSS se la rechaza y recurren ante los juzgados, tardan años en percibirla, pese a que el tribunal les dé la razón.
El sindicato subraya que “la precariedad se agrava de manera continua en el INSS”. La carencia de personal aumenta debido a la falta de cobertura de jubilaciones y traslados y al retraso en la convocatoria de las necesarias ofertas de empleo. Esta circunstancia “merma una plantilla que cada día afronta más tareas debido a los numerosos cambios en criterios o requisitos de prestaciones y a la falta de una efectiva información en muchos casos sobre la tramitación“.
CSIF reclama al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones un “refuerzo urgente” de plantilla en las dependencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Valencia. El sindicato recalca que la falta de personal “ocasiona demoras continuas que además de a la incapacidad permanente afectan a otros trámites, como la determinación de contingencias“.
El sindicato, en esta línea, alerta de los siete meses en la tramitación de expedientes de reclamaciones previas de jubilación, los cuatro en las reclamaciones de protección familiar con hijo a cargo o el año de la falta de medidas de seguridad por incapacidad permanente.
La central sindical urge a incrementar la plantilla y advierte de que la escasez de efectivos no genera únicamente graves retrasos en la tramitación, sino que acarrea el consiguiente malestar en los usuarios. Esto último “deriva cada vez en más ocasiones en quejas y protestas ante un personal que no puede desarrollar su labor en las condiciones adecuadas por la precariedad que sufre”.
