La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha instado al Gobierno central a retirar de forma inmediata el actual sistema de Registro de Viajeros después de que la Comisión Europea haya abierto un procedimiento de infracción contra España por considerar que el modelo vulnera la normativa comunitaria en materia de protección de datos.
Bruselas cuestiona que el sistema impulsado por el Ministerio del Interior obligue a proveedores de alojamiento, plataformas en línea y empresas de alquiler de vehículos a recoger, conservar y transmitir a una base de datos centralizada información que considera excesiva. Entre esos datos figuran elementos sensibles como medios de pago o geolocalización, además de un periodo de conservación de tres años que la Comisión Europea considera desproporcionado.
Cano ha señalado que «la apertura de este expediente por parte de la Comisión Europea confirma lo que la Generalitat y el sector turístico de la Comunitat Valenciana lleva mucho tiempo denunciando: que se trata de una norma desproporcionada, jurídicamente cuestionable y muy difícil de aplicar, que ha impuesto una carga innecesaria a miles de empresas turísticas».
Críticas a la carga burocrática sobre el turismo
La titular de Turismo ha defendido que el sector no puede asumir obligaciones que, a su juicio, exceden su actividad ordinaria. En este sentido, ha remarcado que «no se puede exigir al sector turístico que actúe como si fuera una extensión de la Administración, recopilando datos sensibles que exceden lo razonable y que ahora Europa considera incompatibles con el derecho comunitario».
Según ha indicado Cano, la situación vuelve a evidenciar la necesidad de escuchar al tejido empresarial y evaluar con mayor rigor el impacto real de las decisiones normativas sobre un sector estratégico para la economía española y valenciana.
La consellera ha añadido que «desde el primer momento advertimos desde el Consell que este sistema generaba incertidumbre, más burocracia y una enorme complejidad operativa para hoteles, alojamientos turísticos, agencias y empresas de alquiler».
Petición de diálogo al Gobierno
Cano ha subrayado que la seguridad y la cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad son compatibles con el respeto a la normativa europea y la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, ha advertido de que «lo que no es admisible es mantener un modelo masivo e indiscriminado de recopilación de datos que traslada al sector obligaciones impropias y que, además, ha acabado siendo cuestionado por Bruselas».
Por ello, la consellera ha reclamado al Ejecutivo central que rectifique «de manera urgente» y abra una etapa de diálogo real con las comunidades autónomas y con los representantes empresariales. El objetivo, según ha defendido, debe ser diseñar un sistema proporcionado, viable y respetuoso con el marco europeo. «Es el momento de corregir una mala norma, reducir cargas innecesarias y ofrecer seguridad jurídica a las empresas turísticas», ha manifestado Cano.
La Generalitat mantiene además una posición crítica ante otras regulaciones estatales vinculadas al ámbito turístico. En mayo presentó un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1312/2024, que regulaba el Registro Único de Arrendamientos de corta duración y la Ventanilla Única Digital, al considerar que generaba duplicidad de procedimientos y excedía el marco competencial estatal en materia de turismo.
