Los principales sindicatos docentes y organizaciones de familias han rechazado de forma contundente la carta enviada por la consellera de Educación, Carmen Ortí, a las familias de la escuela pública. Consideran que el escrito intenta enfrentar a las familias con el profesorado justo antes del inicio de la huelga indefinida y llaman a vaciar los centros educativos como forma de apoyo a las movilizaciones.
En una rueda de prensa, STEPV, CCOO y UGT han denunciado que la misiva supone un absoluto insulto y una falta de respeto hacia la comunidad educativa. Señalan que el contenido de la carta no busca informar ni dar soluciones al conflicto, sino colocar a las familias del lado de la Conselleria y presentar al profesorado como responsable de los problemas que sufren los centros, cuando quienes padecen directamente la situación es el alumnado.
CCOO: “hechos y no palabras”
Desde CCOO PV, Bernat Pascual ha reclamado hechos y no palabras al departamento de Educación y ha calificado de lamentable el envío masivo del correo electrónico. Según ha señalado, la consellera trata de utilizar la preocupación de las familias para debilitar la huelga, en lugar de centrarse en resolver las reivindicaciones planteadas por el profesorado.
UGT: “sarta de mentiras”
Por parte de UGT PV, Kilian Cuerda ha descrito la carta como una sarta de mentiras y provocaciones con fines de campaña política. A su juicio, la responsable de Educación intenta tapar su incompetencia y la inutilidad de su gestión recurriendo a medias verdades y medias mentiras, en vez de abordar de fondo los problemas de la educación pública que están en el origen del conflicto laboral.
STEPV: medidas calificadas como mentiras
Desde STEPV, Marc Candela ha señalado que las seis medidas que la Conselleria incluyó en la misiva son mentiras y ha pedido a las familias que no se crean ese mensaje. Ha defendido que la lucha del profesorado tiene como objetivo mejorar la atención educativa que reciben los hijos e hijas del alumnado, y que las mejoras laborales y organizativas reclamadas repercuten directamente en la calidad de la enseñanza y en los recursos disponibles en las aulas.
Las familias cierran filas con el profesorado
La Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes Fampa-València ha calificado el envío de la carta de Educación como una acción inadmisible. La entidad advierte de que la Generalitat no puede utilizar canales institucionales ni cargos públicos para hacer propaganda de gestión, desacreditar un conflicto laboral o presionar contra el ejercicio del derecho de huelga reconocido al profesorado.
Fampa-València ha recordado que la última propuesta de la Conselleria se limita a ofrecer un aumento de 75 euros brutos mensuales en tres años al profesorado, sin aportar ninguna concreción sobre el resto de puntos de la negociación. Para la federación, esa oferta resulta insuficiente y demuestra que no existe voluntad real de alcanzar un acuerdo global, por lo que han llamado a la comunidad educativa a secundar la huelga indefinida y a participar en las manifestaciones convocadas.
Su presidenta ha criticado que la Conselleria haya reducido el conflicto a una cuestión exclusivamente salarial, cuando en la educación pública hay muchas deficiencias y medidas pendientes que afectan a recursos, plantillas y condiciones en los centros. En este contexto, Fampa-València ha expresado su apoyo a la huelga y ha recomendado a las familias que vacíen los centros educativos como gesto de respaldo a las reivindicaciones docentes y para evidenciar el malestar generalizado.
Preguntada por la situación del alumnado de segundo de bachillerato y los servicios mínimos, la presidenta de la federación ha reconocido que existe preocupación por el impacto que pueda tener la huelga en la evaluación del curso. No obstante, ha insistido en que confían en el sentido de responsabilidad del profesorado y en su compromiso con el derecho del alumnado a ser evaluado, al tiempo que defenderán el derecho del personal docente a hacer huelga y a reclamar unas condiciones laborales dignas.
La Confederació Gonzalo Anaya, principal organización de padres y madres de alumnado en la Comunitat Valenciana, también ha mostrado su rechazo profundo a la carta remitida por Educación. Su portavoz, Vicent Gumbau, considera que usar el correo electrónico masivo para dirigirse a las familias, además de resultar invasivo, evidencia una debilidad absoluta por parte de la Conselleria y de la propia Generalitat a la hora de gestionar el conflicto con el profesorado.
En paralelo, el Sindicato de Estudiantes ha definido el escrito de la consellera como un auténtico despropósito. En un comunicado, ha remarcado que la huelga indefinida no es una cuestión de profesores contra el resto de la comunidad educativa, sino una lucha compartida por una educación pública, de calidad y en valenciano. La organización estudiantil ha anunciado que el 11 de mayo también irán a la huelga y ha advertido de que, si no se toman medidas y se sigue jugando con su futuro, volverán a salir a las calles junto al profesorado.
El Sindicato de Estudiantes sostiene que el alumnado es la mayor víctima del fracaso del sistema educativo y del maltrato que, a su juicio, representa la gestión actual de la Conselleria. Por ello, defiende que la movilización conjunta de docentes, familias y estudiantes es necesaria para presionar a la Administración y tratar de forzar cambios que mejoren tanto las condiciones del profesorado como la calidad de la enseñanza pública.
Ortí expresa su preocupación por la duración y posible seguimiento masivo de la huelga
Por su parte, hoy la consellera de Educación, Carmen Ortí, ha afirmado que le preocupa la huelga indefinida del profesorado prevista para dentro de 72 horas y ha recalcado que no cierra ninguna puerta, porque se mantiene abierta a seguir negociando con los sindicatos docentes para intentar reconducir el conflicto.
Ortí ha insistido en que lo que más le inquieta de la convocatoria es tanto la duración indefinida del paro, que puede prolongar la inestabilidad en los centros educativos, como la posibilidad de que la protesta tenga un seguimiento masivo entre el profesorado. A su juicio, un alto nivel de participación podría afectar de manera directa al funcionamiento ordinario de las aulas y a la planificación del final de curso, por lo que ha subrayado la necesidad de mantener canales de diálogo abiertos.
Servicios mínimos y negociación
La consellera ha remarcado que los servicios mínimos planteados para la huelga son firmes, lo que implica que el departamento considera esencial garantizar unas condiciones básicas de atención al alumnado durante los días de paro. Con ello busca compatibilizar el derecho a la huelga del profesorado con el derecho del estudiantado a recibir enseñanza y evitar un colapso total de la actividad en los centros.
Además, ha pedido expresamente a los sindicatos que abandonaron la mesa de negociación que se replanteen su postura y valoren volver a sentarse con la administración. Ha reconocido que es difícil que las conversaciones puedan retomarse antes del lunes, fecha de inicio de la huelga, debido a los tiempos ajustados y a la tensión generada tras el rechazo a la oferta económica. Sin embargo, ha reiterado que su disposición a seguir negociando se mantiene y que, aunque el paro comience, la vía del diálogo continúa abierta para intentar acercar posiciones y reducir el impacto del conflicto en la comunidad educativa.
