La Comunitat Valenciana ha registrado en 2025 un total de 6.976 solicitudes de asilo, un 12,6 % menos que en 2024, cuando se tramitaron 7.981 peticiones, según el último informe anual sobre personas refugiadas en España y Europa presentado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
El informe advierte sobre un incremento de políticas que califica de hostiles en materia migratoria, centradas en la externalización de fronteras y en los retornos forzosos. Según CEAR, estas medidas han provocado el primer descenso en una década del número de personas desplazadas a nivel global, hasta los 117,5 millones, un 5 % menos que el año anterior.
La organización subraya que este descenso de desplazamientos no ha traído menos necesidad de protección internacional. Al contrario, señala que se han intensificado los conflictos, la violencia, la inestabilidad política, la crisis climática y las vulneraciones de derechos en todo el mundo, lo que mantiene una alta demanda de asilo.
Impacto del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo
Entre esas políticas, CEAR destaca el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que ha entrado en vigor el pasado 12 de junio y que, según la entidad, plantea ‘importantes desafíos’ para los derechos de las personas migrantes y refugiadas.
La organización muestra especial preocupación por la creación de una lista común de países considerados seguros. En esa relación figuran estados como Turquía, Colombia, Egipto o Túnez, que para CEAR presentan ‘graves déficits en materia de derechos humanos’.
Además, alerta sobre el futuro Reglamento de Retorno, que a su juicio implica ‘graves riesgos para los derechos humanos’. El texto prevé la detención prolongada o la expulsión a centros de deportación en terceros países sin exigir un vínculo previo entre la persona y el país de destino.
CEAR considera que esta medida ‘sigue el modelo Italia-Albania, paralizado por la Justicia italiana y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)’. La entidad sostiene que este tipo de acuerdos puede consolidar prácticas que alejen la protección de las personas solicitantes de asilo.
En el caso de España, el informe constata una reducción significativa de las solicitudes de asilo, del 13,7 %, que ha frenado la tendencia de crecimiento de los últimos años. Respecto a las comunidades autónomas, la valenciana ha seguido esta misma pauta, con un descenso del 12,6 % respecto al ejercicio anterior.
Por provincias, Valencia concentra la mayoría de las solicitudes, con 3.540 expedientes registrados en 2025. Sin embargo, la cifra ha bajado frente a las 4.476 peticiones contabilizadas en 2024, lo que supone un descenso del 20 %.
En la provincia de Castellón, en cambio, las solicitudes han aumentado. En 2025 se han presentado 1.373, frente a las 995 de 2024. Alicante ha registrado 2.062 peticiones, por debajo de las 2.510 del año anterior, lo que supone un descenso del 17 %.
Según explica Jaume Durà, responsable del área jurídica de CEAR Valencia, esta caída de solicitudes se debe principalmente a la reducción de llegadas. La entidad la vincula a acuerdos con terceros países para contener los flujos migratorios y al efecto disuasorio del Reglamento de Extranjería (RELOEX).
Este reglamento no permite computar el tiempo de espera durante la resolución del asilo para los distintos tipos de arraigo. Para CEAR, ese criterio hace menos atractiva la vía de protección internacional para muchas personas migrantes que buscan regularizar su situación.
Perfil de las personas solicitantes y reconocimiento de asilo
Venezuela se mantiene como la primera nacionalidad entre las personas que piden asilo en España. Sin embargo, el informe recoge que han bajado las solicitudes de personas procedentes de Colombia, Perú o Senegal, un descenso que la organización asocia a ese efecto disuasorio de la normativa.
CEAR apunta que el proceso de regularización que se está desarrollando ha empezado a minimizar en parte este impacto, aunque solo de forma temporal. La organización considera que, mientras no se modifiquen las condiciones de acceso, muchas personas seguirán encontrando obstáculos para solicitar protección.
Además, la tasa de reconocimiento de asilo ha descendido más de siete puntos hasta situarse en el 11 %. Este porcentaje deja a España en el antepenúltimo lugar de la Unión Europea en cuanto a resoluciones favorables, solo por delante de Croacia y Chipre.
El informe también analiza el impacto de las políticas de externalización de fronteras en las rutas de llegada por mar. Según CEAR, estas medidas han provocado una reducción considerable de las llegadas a las costas canarias, con un 62 % menos que el año anterior.
En cambio, las llegadas a Baleares han aumentado un 24,5 %, consolidando una nueva ruta que parte desde Somalia. La entidad advierte de que el cierre de unas vías empuja a las personas migrantes a utilizar otras rutas más largas y peligrosas.
El documento destaca que el 15 % de las llegadas a costas españolas corresponde a niñas, niños y adolescentes sin referentes familiares. En total, 581 menores en esa situación han sido derivados desde Canarias a otras comunidades autónomas en 2025.
CEAR recuerda que estos menores necesitan recursos específicos de acogida, apoyo psicológico y medidas de integración adaptadas a su edad. Además, advierte de que los cambios continuos de territorio pueden dificultar su escolarización y su arraigo social.
Derechos básicos y aumento de delitos de odio
El informe dedica un apartado al acceso a derechos básicos como vivienda, sanidad o educación. En este ámbito, la organización subraya la importancia del empadronamiento para las personas migrantes y solicitantes de asilo.
‘El padrón es una obligación legal de la ciudadanía y un deber de la administración local. Sin empadronamiento, en la práctica, se limita el acceso a derechos básicos. Es imprescindible que se agilicen y se cumpla la normativa relativa a los empadronamientos especiales para aquellas personas que sufren exclusión y discriminación residencial’, señala Mercedes Ena, coordinadora de CEAR Valencia.
El informe también alerta sobre el impacto del racismo y la xenofobia en los procesos de inclusión. Según el documento, ‘la escalada del racismo y la xenofobia continúan constituyendo barreras estructurales en los procesos de inclusión’.
CEAR recoge que los delitos e incidentes de odio, especialmente aquellos relacionados con racismo y xenofobia, han aumentado un 23,6 % en 2025. Se trata de la cifra más alta desde que existen registros del Ministerio del Interior, lo que, a juicio de la organización, refuerza la necesidad de políticas específicas contra la discriminación.
