Solo el 9,95 % de las interrupciones voluntarias del embarazo practicadas el pasado año en la Comunitat Valenciana se realizaron en la sanidad pública. El dato sitúa a la autonomía por debajo de la media estatal y revela una gran dependencia de la red privada. En el conjunto del país, la presencia de la pública en esta prestación ha crecido de forma sostenida. Ha pasado del 14,3 % en 2019 al 21,2 % en 2024. El último ejercicio se practicaron 106.172 abortos en España: 22.563 en centros públicos y 83.609 en privados, el 78,2 %, con marcadas diferencias territoriales.
Diferencias territoriales y modelo asistencial
Cataluña, Andalucía y Madrid concentran más de la mitad de las IVE. Sin embargo, solo Cataluña destaca por el peso de los centros públicos, con un 55,1 %. En Andalucía, que registra el 18 % del total nacional, la atención pública apenas alcanza el 0,2 %. Además, en la Comunidad de Madrid, que acumula uno de cada cuatro casos, se queda en el 0,47 %. El informe calcula que, si ambas autonomías atendieran en la pública la mitad de sus IVE, el porcentaje nacional se aproximaría al 40 %, prácticamente el doble que ahora.
Entre las comunidades con mayor proporción de abortos en la red pública figuran Cantabria (88,5 %), Galicia (77 %), La Rioja (76,1 %) y Navarra (74,8 %). En un segundo grupo se sitúan Cataluña (55,1 %), Baleares (45,4 %) y Canarias (28,6 %). Por debajo del 20 % aparecen, entre otras, Extremadura y Ceuta y Melilla. Estas derivaron el 100 % a la privada, así como Castilla-La Mancha (0,05 %), Murcia (0,93 %), Asturias (1,93 %), Aragón (2,3 %), Euskadi (4,32 %), la Comunitat Valenciana (9,95 %) y Castilla y León (15,46 %).
El modelo de prestación también condiciona el tipo de procedimiento disponible. Donde la red pública asume la mayor parte, predomina el método farmacológico. En Cantabria lo empleó en el 86,37 % de los casos; Navarra, en el 76,49 %; La Rioja, en el 68,21 %; y Galicia, en el 68 %. Baleares se alineó con este patrón, con un 74,24 %. En cambio, en comunidades donde la práctica recae casi por completo en centros privados, como Andalucía y Madrid, se impone el método quirúrgico, utilizado en el 86 % y el 94 % de las intervenciones, respectivamente. Esta divergencia impacta en la experiencia asistencial y en la autonomía de las mujeres. Limita la oferta disponible según el circuito de derivación.
La pública concentra los casos complejos y Sanidad propone cambios
La mayoría de interrupciones se realizaron a petición de la mujer, un 94,6 % frente al 89,4 % de 2015. Además, ocurrieron antes de las ocho semanas de gestación, que suponen el 76,5 % del total. Menos de una cuarta parte de estos casos tempranos, el 23,62 %, se atendieron en la sanidad pública. En el extremo opuesto, a partir de las 23 semanas, la red pública asumió el 63,35 % de las intervenciones. Esto evidencia una mayor capacidad para abordar situaciones clínicamente complejas y garantizar la continuidad asistencial.
Pese a ello, persiste una paradoja. La mayoría de mujeres recibe la información inicial en centros públicos, pero el procedimiento acaba realizándose en clínicas privadas. Mantener el aborto fuera de la red pública, advierte el informe, lo desplaza al ámbito de lo íntimo. Además, refuerza el estigma social, invisibiliza la prestación y debilita el principio de universalidad. La ausencia de circuitos claros hacia centros públicos restringe la libertad de elección y obliga a muchas a salir de su entorno sanitario habitual. Esto fragmenta la atención, con mayor impacto en los casos más sensibles.
Para revertir estas desigualdades, Sanidad propone implantar y actualizar registros de objetores de conciencia en todas las comunidades. También sugiere garantizar equipos no objetores en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud. También plantea normalizar esta prestación mediante protocolos homogéneos, formación específica y circuitos asistenciales coordinados. Además, busca fomentar el método farmacológico en la pública por su eficacia, seguridad y facilidad de implantación. El plan se completa con más información accesible para las mujeres, mecanismos comunes de seguimiento y evaluación entre autonomías y formación del personal sanitario en salud sexual y reproductiva con enfoque de derechos y de género.
