El subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, ha declarado ante la jueza que instruye la causa por la DANA del 29 de octubre de 2024 que el contenido del primer borrador del mensaje Es-Alert se modificó por indicación de la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, al considerar que no existía cobertura legal suficiente para ordenar a la población que permaneciera en sus domicilios.
Según su testimonio, sobre las 19:06 horas se planteó un primer texto dirigido a la ciudadanía en el que se incluía la expresión permanezcan en sus domicilios.
Sin embargo, Pradas pidió suavizar el tono y sustituirla por suspendan desplazamientos, al entender que un mandato tan imperativo podía suponer una restricción de la movilidad sin respaldo jurídico claro. El aviso Es-Alert se terminó enviando algo más de una hora después, a las 20:11 horas.
Suárez ha explicado que la consellera expresó abiertamente sus dudas legales acerca de la posibilidad de ordenar a la población que no saliera de sus casas. De acuerdo con lo relatado por el subdirector, él le trasladó que, en su opinión, sí disponía de esa capacidad en virtud de la Ley de Emergencias, que prevé medidas de limitación de movimientos en situaciones de grave riesgo. Pese a ello, Pradas insistió en que el mensaje no debía ser tan imperativo hasta despejar sus reservas jurídicas.
Consultas legales
El responsable de Emergencias ha detallado que la exconsellera mencionó las controversias surgidas durante la pandemia de la covid-19 sobre las órdenes de confinamiento y las restricciones de movilidad, y que por ese motivo consideraba necesario realizar consultas legales antes de mantener la expresión permanezcan.
Para despejar estas dudas, abandonó en varias ocasiones la sala del Cecopi, desde la que se gestionaba la emergencia, y regresaba después de hablar con los asesores que consideró oportunos.
En relación con la posible influencia de llamadas externas en ese cambio de redacción, Suárez ha indicado que no puede vincular ninguna conversación concreta con la decisión final, aunque sí ha dejado constancia de las continuas entradas y salidas de la consellera de la sala de coordinación mientras se revisaba el contenido del mensaje dirigido a la población.
Demora por decisiones politicas
El subdirector ha señalado que, en su percepción, existieron reticencias generales a la hora de aprobar cualquier mandato que implicara limitar la movilidad de forma clara. Ha insistido en que, desde el punto de vista técnico, no hubo impedimentos para enviar antes el Es-Alert, y que la demora no obedeció a problemas del sistema, sino a las dudas y decisiones de carácter político sobre el alcance del aviso.
Suárez ha recordado que, a partir de las 19:00 horas, ya se disponía de información relevante sobre el empeoramiento de la situación, como la caída del puente de Picanya y la imposibilidad de circular por determinados tramos de carretera. A esa hora también empezaba a asumirse que la emergencia no se limitaba al entorno de la presa de Forata, que había concentrado hasta entonces la mayor parte de la atención, sino que afectaba a un ámbito mucho más amplio de la provincia de Valencia.
El testigo ha explicado que los técnicos basaban su valoración en los incidentes notificados, las llamadas de alcaldes y los avisos recibidos en el 112. Él mismo ha precisado que, durante la mañana, solo atendió personalmente a los alcaldes de Utiel y Requena, mientras que el resto de comunicaciones se canalizaron por los cauces habituales del dispositivo de emergencias.
Respecto al papel del entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, también investigado en la causa junto a Pradas, Suárez ha declarado que no recuerda instrucciones concretas por su parte en las primeras horas del día. Según ha matizado, fue por la tarde cuando Argüeso comunicó que se dirigía a la Sala del 112, ya con la emergencia claramente desbordada y en un contexto de creciente presión sobre las decisiones que se debían tomar.
El subdirector ha añadido que, una vez decretada la situación 2 de emergencia en toda la provincia de Valencia, la coordinación operativa se realizaba directamente con la consellera Pradas, presente físicamente en el Cecopi. En ese marco, ha indicado que en ningún momento se comentó en la sala una desmovilización de los bomberos forestales, lo que, a su juicio, muestra que el dispositivo seguía considerándose necesario ante la magnitud de la DANA.
También ha señalado que las primeras informaciones precisas sobre la presa de Buseo llegaron ya muy avanzada la noche, lo que dificultó disponer de un cuadro completo de la situación en tiempo real. Esta falta de información inmediata se sumaba al goteo de incidentes y avisos que saturaban los canales de comunicación y obligaban a priorizar las decisiones sobre la marcha.
En su declaración, Suárez ha recordado además que ya compareció ante la jueza en dos ocasiones anteriores: una primera sesión de ocho horas el 4 de diciembre y otra de más de cuatro horas el 17 de diciembre. En dichas comparecencias, según ha señalado, ya expuso que el envío del Es-Alert se retrasó por las correcciones lingüísticas de la versión en valenciano y por las dudas de la consellera sobre la conveniencia de utilizar la expresión permanezcan en sus casas.
La jueza que instruye la causa decidió citar de nuevo al subdirector para aclarar algunos extremos de su testimonio anterior, especialmente los relacionados con el proceso de redacción del mensaje, la naturaleza de las dudas legales planteadas y el momento en el que se adoptaron las decisiones que afectaron al contenido y al horario de envío de los avisos a la población.
