Los colegios profesionales de Trabajo Social de Castellón, València y Alicante han reivindicado ante la Comisión de Servicios Sociales de Les Corts una Renta Valenciana de Inclusión (RVI) ‘más justa, ágil y centrada en las personas’, en el marco del debate del anteproyecto de la nueva ley que regulará este derecho autonómico.
En representación de los tres colegios ha intervenido Cristina Marco, trabajadora social e integrante de la Junta del COTS València, quien ha defendido las alegaciones presentadas por el Consell Valencià de Treball Social, que coordina a las tres entidades provinciales. Marco ha subrayado la necesidad de consolidar un modelo de protección social basado en la justicia, la equidad y la dignidad de las personas.
“Una ley no transforma por sí sola la realidad. Solo lo hará si se dota de medios reales, si refuerza los Servicios Sociales y si elimina la burocracia que impide el acceso a quienes más lo necesitan”, ha afirmado.
Una reforma necesaria pero con carencias estructurales
Desde el colectivo profesional se reconocen los avances del nuevo texto normativo, como la simplificación a una única modalidad de prestación, la mayor compatibilidad con el empleo y los nuevos complementos económicos, aunque advierten de que la efectividad de la norma dependerá de los recursos y de su aplicación práctica.
Entre las principales preocupaciones señaladas destacan la “sobrecarga” de los Servicios Sociales municipales, los plazos “inviables” para emitir diagnósticos sociales, las restricciones de acceso a jóvenes de entre 23 y 30 años, la insuficiente respuesta a la crisis habitacional y el riesgo de sanciones económicas a personas en exclusión social, una medida que califican de “injusta y contraproducente”.
El refuerzo de los Servicios Sociales, clave para el éxito
El Consell Valencià de Treball Social insiste en que sin unos Servicios Sociales municipales fuertes, la Renta Valenciana de Inclusión corre el riesgo de convertirse en una “mera ayuda económica sin acompañamiento social real”.
Por ello, los colegios reclaman financiación estable y suficiente, ratios profesionales adecuadas, formación continua e infraestructuras y herramientas técnicas que permitan una gestión ágil y humana.
“Garantizar ingresos no basta. La inclusión requiere acompañamiento profesional, estabilidad de los equipos y condiciones dignas tanto para las personas atendidas como para las profesionales que las acompañan”, señalan.
Un compromiso con los derechos sociales
Las tres entidades reiteran su compromiso con la mejora del sistema valenciano de protección social y con la defensa de los derechos de la ciudadanía más vulnerable, ofreciendo su experiencia para lograr una ley “verdaderamente inclusiva, eficaz y respetuosa con la dignidad de las personas”.
“La Renta Valenciana de Inclusión debe seguir siendo un derecho subjetivo garantizado, no condicionado a los recursos disponibles, y su implementación debe consolidar un sistema público de inclusión social sólido y sostenible”, concluyen.
