El Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) ha denunciado los recortes al trasvase Tajo-Segura y ha exigido un Pacto Nacional del Agua que, según ha defendido, permita garantizar los recursos hídricos para la Comunitat Valenciana y proteja de forma especial al sector agrícola, con impacto destacado en la provincia de Alicante.
Según ha explicado el PPCV en un comunicado, la portavoz de Agua del PP en Les Corts, María Gómez, ha reclamado al Gobierno central que abandone lo que ha definido como ‘decisiones ideológicas’ en materia hídrica y ha advertido de que cualquier reducción del caudal trasvasado afecta de forma directa a la economía y al empleo en los territorios receptores.
La diputada ha sostenido que la ‘reducción del trasvase‘ supone una ‘profunda injusticia’ para la Comunitat Valenciana y ha afirmado que provoca ‘un perjuicio directo para agricultores y sectores productivos, especialmente en la provincia de Alicante’, donde el regadío y la industria agroalimentaria dependen en gran medida de estos recursos externos.
Gómez ha criticado que las decisiones del Ejecutivo ‘no responden a criterios técnicos ni a las necesidades reales del territorio’ y ha acusado al Gobierno de adoptar medidas de forma unilateral, sin diálogo suficiente con las comunidades afectadas ni con los sectores económicos que dependen del agua trasvasada.
Inversión del Consell en infraestructuras hídricas
La parlamentaria ha destacado el papel del Consell en la gestión del agua y ha subrayado que la Comunitat Valenciana lidera la reutilización hídrica en España, con cerca del 40 % del total, lo que, a su juicio, demuestra el esfuerzo del territorio por optimizar cada recurso disponible y reducir la presión sobre los trasvases.
Además, ha recordado que el Consell ha previsto una inversión de 68,8 millones de euros en 2026 para infraestructuras hidráulicas, con el objetivo de mejorar el abastecimiento urbano y agrícola y reforzar la resiliencia frente a fenómenos extremos como sequías prolongadas o episodios de lluvias intensas.
Entre las actuaciones previstas, la portavoz ha mencionado proyectos en la Acequia Real del Júcar, el desarrollo del Plan Vega Baja y las obras del postrasvase Júcar-Vinalopó, que contemplan una inversión de 30 millones de euros para reforzar la disponibilidad de recursos en zonas vulnerables y reducir la dependencia de aportes externos, especialmente en áreas con mayor presión hídrica.
Según ha defendido Gómez, estas inversiones buscan consolidar un modelo de gestión más eficiente, pero ha insistido en que resultan insuficientes sin un marco estable de planificación estatal que blinde el trasvase Tajo-Segura y que, a través de un Pacto Nacional del Agua, asegure una distribución equilibrada de los recursos entre cuencas cedentes y receptoras.
