La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha celebrado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana que anula varios preceptos recogidos en el decreto de dependencia del ejecutivo del Botànic por “falta de justificación razonable e insostenibilidad jurídica y humana”, y que va a permitir al Consell “dar marcha atrás y revertir estas cuestiones”.
El TSJCV ha hecho pública una sentencia que elimina la discriminación de las personas mayores en la prestación de asistente personal, apuesta por la profesionalización de los servicios y declara ilegal la regulación sobre las viviendas de atención a salud mental.
Se trata, ha explicado Susana Camarero, de anulaciones de varios preceptos recogidos en un decreto de la anterior Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas por el que se modificaba el Decreto del procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas, y que fue recurrido por AERTE.
Por un lado, se ha anulado la discriminación de las personas mayores de 65 años en la prestación de asistente personal en comparación con las personas más jóvenes, ya que la cantidad económica a percibir se reducía en los casos de los más mayores, pasando de 2.350 a 1.825 euros.
Esta reducción, según la sentencia, carece de una “justificación razonable” y, por lo tanto, de “sostenibilidad jurídica y humana”, y muestra, según la vicepresidente segunda, cómo el gobierno del Botànic “daba la espalda a las personas más mayores, las más vulnerables y que más necesitan de nuestro compromiso y apoyo”.
Asimismo, en la sentencia se reconoce el carácter residencial de todas las viviendas de salud mental y elimina la diferencia que estableció la Conselleria de Igualdad, que bloqueaba el acceso al sistema de salud mental en estos recursos.
En este punto, la vicepresidenta segunda ha señalado que desde su departamento ya se habían puesto en marcha las medidas necesarias “para desbloquear este acceso, totalmente injusto, y que las personas que lo requirieran pudieran acceder a este tipo de servicios de salud mental”.
Al respecto, el presidente de la patronal Aerte, José María Toro, ha destacado que este pronunciamiento “viene a dar la razón a las movilizaciones y planteamientos” que han realizado desde la aprobación de este decreto y que provocaron “el bloqueo” del acceso al sistema de salud mental en estos recursos“.
No obstante, apunta que la repercusión jurídica de esta anulación es “relativa” ya que la actual Dirección General de Personas Mayores y Dependencia, dirigida por Beatriz Simón, “ya había reconocido esta situación y establecido las herramientas para que las personas pudieran recibir los servicios adecuados a sus necesidades en salud mental“.
El dictamen también recoge la profesionalización de los servicios de atención a la dependencia en lo referente a la asistencia personal y deja sin validez los cursos de 50 horas establecidos para ejercer de asistente personal.
Este aspecto, ha indicado Camarero, reconoce que esta figura profesional debe contar con titulaciones oficiales, tanto universitarias como de ciclos formativos, para “asegurar y garantizar la calidad del servicio ofrecido a la persona en situación de dependencia, que peligraba con el precepto acordado del Botànic”.
Frente a todo esto, la vicepresidenta segunda ha reivindicado “una nueva forma de hacer política, un gobierno que se ocupa y al que nos preocupan las personas mayores” y ha señalado que, además de modificar lo que indica el TSJCV, vamos a poner en marcha un plan de choque “para activar, aún más, un sistema de la dependencia que es fundamental para las personas mayores y para las personas más vulnerables”.
