La violencia sobre las mujeres en todas sus formas ha marcado este martes la Apertura del Año Judicial 2023-24 en la Ciudad de la Justicia de València. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, ha aprovechado su intervención para alertar del incremento de las denuncias por violencia de género registradas durante el primer trimestre del año que, según sus cifras, han subido un 17% en comparación con el mismo periodo del año anterior: “Uno de los retos que tenemos por delante es el de tratar de frenar esta tendencia al alza“.
Según de la Oliva, “la rotundidad de estos datos” nos pone delante de una realidad incuestionable y, a su juicio, las medidas represivas y las soluciones penales “no son suficientes“.
En opinión de la presidenta del TSJCV, “hay que intervenir también desde otros ámbitos, sobre todo el de la educación y la concienciación social” y todos los que están involucrados en esta lucha deben “redoblar los esfuerzos para darle la vuelta a las cifras y conseguir un registro cero”.
En el salón de actos de la Ciudad de la Justicia estaba presente la presidenta de las Corts Valencianes, Llanos Massó, y la consellera de Justicia Elsai Núñez, que asisten por primera vez a la apertura del año judicial en representación de sus nuevos cargos.
Cifra de mujeres asesinadas por violencia de género
La Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana también ha recordado a las “49 mujeres que han sido asesinadas” durante 2023 en toda España por lo que ha querido “poner en valor las oficinas de ayuda a las víctimas del delito” puestas en servicio en la Comunitat Valenciana durante la etapa del Botànic.
“Un servicio público multidisplinar y gratuito para atender a las víctimas más vulnerables: un total de 27.738 atendidas durante el año pasado. Un total de 950 tenían alguna discapacidad de las que 814 eran mujeres“.
Durante su intervención, de la Oliva también ha pedido más medios tanto personales como técnicos para mejorar la Justicia y ha puesto el foco en la necesidad de abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Según ha criticado, su no renovación “no solo afecta al funcionamiento ordinario de los juzgados y tribunales, sino que también está deteriorando su imagen ante la ciudadanía“.
De la Oliva ha pedido un pacto de Estado y también ha reclamado legislar la Inteligencia Artificial porque “bien utilizada y regulada, puede convertirse en una valiosa aliada en la gestión de los procedimientos judiciales“.
Preocupación por los menores de 14 años
Por su parte, la fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, ha reclamado una “prioritaria“, “adecuada” y “multidisciplinar” asistencia a mujeres víctimas de violencia de género para que “se sientan seguras y den el paso de denunciar“, al tiempo que ha subrayado el “magnífico” trabajo realizado por las Oficinas de Atención a las Víctimas de Delito y de Denuncia.
Gisbert se ha referido al aumento de los delitos contra la libertad sexual, que subieron cerca del 20 % en las tres provincias (20,6 % en Alicante, 18 % en Castellón y 19,6 % en Valencia).
La fiscal sobre todo ha mostrado su preocupación por el incremento registrado entre los menores de 14 años porque, por ejemplo, en Alicante se incoaron 35 procedimientos por abusos sexuales y 25 de ellos fueron cometidos por menores de 14: “Donde más han aumentado y más preocupa son los cometidos por menores de 14 años que no pueden ser juzgados”.
Como factores, Gisbert ha apuntado a la falta de educación y al porno y, por eso, ha pedido que todas las administraciones pongan de su parte “no solamente por la imprescindible protección de las víctimas, sino también porque los menores que los cometen necesitan una intervención clara de reeducación”.
La fiscal también se ha referido al incremento de la violencia doméstica que “preocupa más en las residencias de mayores” o en los casos de padres que reclaman “no tanto un castigo para sus hijos, sino una solución para curar sus adicciones o enfermedades mentales”.
Respecto a los delitos de odio, Gisbert ha señalado como preocupante que los más jóvenes “replican los prejuicios de los adultos“, motivo por el cual reclama igualmente “desactivarlos mediante educación”. El pasado año se abrieron 105 diligencias por delitos de odio frente a los 71 del ejercicio anterior.
