La Sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha declarado nulos algunas restricciones de la ordenanza de Movilidad aprobada por el Ayuntamiento de València en diciembre de 2021.
Concretamente, el tribunal declara “contrarios a derecho” y anula los párrafos 2a y 2d del artículo 53 que obligaban a las VTC -empresas como Uber o Cabify- a operar solo las reservas que se hiciera con una hora mínima de antelación hasta la prestación efectiva de dicho servicio.
Además deja sin efecto la prohibición que tenían estos vehículos de aparcar a una distancia inferior a 300 metros de los lugares de concentración de clientes como puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y de autobuses; centros comerciales y de ocio; centros deportivos o sanitarios de la red primaria; hoteles de más de 400 plazas de alojamiento; y paradas de taxis con capacidad superior a 9 plazas.
La audiencia acepta así el recurso interpuesto por la empresa Automóviles Zircornio contra dicha ordenanza y también obliga al consistorio a pagar las costas procesales de 2.500 euros. Esta sentencie todavía no es firme y contra ella cabe recurso de casación, sin embargo desde el Ayuntamiento no han aclarado si recurrirán esta sentencia o permitirán operar a estos vehículos tal y como dice el dictamen judicial.
El Ayuntamiento estudia si recurrir o no
De hecho, el portavoz municipal, Juan Carlos Caballero, ha avanzado que el gobierno municipal “no va improvisar” y tomará una decisión en línea con lo que marque la asesoría municipal. “Este equipo de gobierno va estudiar y no aventurarse para escuchar a los servicios jurídicos de la casa. Trabajaremos en una regulación que la ley estipula y no ponga en tela de juicio el rigor de este Ayuntamiento con normativas ilegales”, ha indicado el dirigente ‘popular’.
En este sentido, ha calificado de “chapuza” y de “otra pifía jurídica del gobierno anterior” dicho dictamen del Tribunal Superior de Justicia. “El TSJ tumba toda la política de regulación de VTCs que aprobó el gobierno anterior del señor Ribó y de la señora Gómez. Estamos ante una nueva falta de rigor y de improvisación marca del equipo anterior”, ha señalado.
La oposición pide que recurra la sentencia
Por su parte, el concejal de Compromís, Giuseppe Grezzi, ha pedido a Catalá que siga “defiendo” en los tribunales la Ordenanza de Regulación de las VTC. “Pedimos que defienda en los Tribunales, recorriendo tantas veces como sea necesario y en todas las instancias que corresponda, la Ordenanza de Regulación de las VTC que se aprobó la legislatura pasada para garantizar que el taxi pueda seguir proveyendo el servicio público y de calidad, sin intrusismo ni competencia desleal“.
“Nosotros regulamos la prestación de los servicios discrecionales de los VTC para que se haga de la forma más correcta y así garantizar la competencia efectiva y el respecto a la legalidad. La regulación redunda en un sistema de movilidad mejor y con más garantías legales. El sector del taxi, que está perfectamente regulado, ve así garantizadas las prestaciones del servicio público que ofrece a la ciudadanía”, asegura el edil valencianista, que también avisa que la palabras de Caballero muestran “la intención del gobierno de PP y Vox de utilizar la sentencia para favorecer la entrada masiva e intrusiva de las VTCs. Un movimiento al que nosotros nos opondremos firmemente, siempre a favor del transporte público y el sector del Taxi”.
Por su parte, la concejal socialista María Pérez ha emplazado a Catalá a aclarar a recurrir o no la sentencia que elimina dichas restricciones: “Ante esta nueva sentencia cabe recurso y queremos que aclare si va a recurrirla para que diga de una vez si su modelo es el de barra libre como en Madrid o es un modelo de convivencia en el que se respete la leal competencia entre el taxi y las empresas de VTC”.
“Tendrá que decidir cuál es su modelo de ciudad, cuál es la relación que establecer entre el sector del taxi y las VTC”, ha indicado Pérez, que también lamenta que el PP se refiera a la normativa como “chapuza” y que se “esconda tras los técnicos cuando la normativa está redactada técnicamente y consensuada”. “Que dejen de mentir y tomar el pelo a la ciudadanía contestando con lugares comunes y aclaren qué van a hacer”, ha señalado. “Tienen que informar sobre si van a recurrir o no, no tiene más complicación que decir la verdad y es a lo que no está acostumbrada María José Catalá”.
