UGT Serveis Públics del País Valencià estudia llevar a los tribunales a la Conselleria de Servicios Sociales e Igualdad “por incumplimiento del acuerdo alcanzado hace un año con los sindicatos y las organizaciones patronales para mejorar las condiciones laborales del personal de los centros y servicios del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales“.
El sindicato rechaza la decisión de la vicepresidenta segunda del Consell, Susana Camarero “de utilizar los fondos consignados por anterior Ejecutivo en los Presupuestos de la Generalitat de 2023 para financiar la actualización de gastos de funcionamiento y la homologación salarial del personal de los centros concertados del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales ( gestionados exclusivamente por entidades sin ánimo de lucro) para pagar las deudas que su departamento ha contraído con las grandes empresas que gestionan los centros públicos privatizados”. Esta pretensión, trasladada en persona a los agentes sociales, se ha concretado hoy con una resolución publicada en el Diario Oficial de la Generalitat en el que transfiere 38 millones de euros previstos para dignificar salarios a pagar deuda.
Las organizaciones patronales y sindicales pactaron en consenso con la Generalitat durante la pasada legislatura la homologación salarial con los empleados públicos del personal de Servicios Sociales, una hoja de ruta que fue publicada en el DOGV mediante dos Acuerdos Interprofesionales con rango legal de convenio colectivo.
En paralelo, el anterior Ejecutivo consignó en los presupuestos 2023 el dinero necesario para la homologación e inicio el procedimiento administrativo para hacer efectivos los incrementos salariales.
La resolución de dicho trámite estaba pendiente únicamente de la firma por parte de la actual Vicepresidenta segunda y Consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.
Este proceso se ha quedado sin fondos con la modificación presupuestaria publicada hoy en el DOGV en virtud de la cual se destina el crédito consignado para la revisión de módulos de acción concertada a otras partidas.
La Federación de Serveis Públics de UGT PV recuerda a la Consellera que “la administración pública no está exenta de respetar la normativa laboral y sectorial, por lo que la Generalitat debe cumplir en materia de conciertos sociales y contratos públicos con las tablas salariales publicadas en el DOGV para el sector de Servicios Sociales. De lo contrario, el sindicato emprenderá acciones legales al respecto“.
Cabe recordar que el objetivo de la homologación salarial publicada no es sólo incrementar las retribuciones de los profesionales de servicios sociales para acercarlos a los de los empleados públicos de la Generalitat, sino que, a su vez, “es una medida necesaria para paliar la brecha salarial entre hombres y mujeres en un sector altamente feminizado“.
“Valga como ejemplo del desequilibrio salarial que en la actualidad cobra más salario una persona profesional del ámbito de la atención a personas con discapacidad que otro de idéntica categoría y funciones en el ámbito de la atención a personas mayores dependientes“, apuntan los sindicatos.
UGT pide que “se pague la deuda y se regularicen los centros que están en situación de enriquecimiento injusto y que se actualicen los módulos económicos del concierto (en ambos casos, de no hacerse la única beneficiada es la administración) y recuerda que, junto a la Sanidad y la Educación, los Servicios Sociales son el tercer pilar del estado de bienestar”.
El sindicato pide al actual Gobierno “una rectificación y que ejecute tal como estaba previsto la la homologación salarial prevista para este año y que provisione el dinero necesario para financiarla en los presupuestos del 2024“.
