València en dos años ha interpuesto a través de la Policía Local más de mil denuncias(en total 1.009 ) a apartamentos turísticos ilegales. Esto contrasta con las apenas 115 denuncias tramitadas en los 8 años por el gobierno de Compromís y PSOE.
Y no sólo eso. Se ha puesto cotó con una nueva normativa a los apartamentos. Anteriormente, en el año 2018, el gobierno de Compromís y PSOE autorizó los apartamentos en bajos comerciales. Esta medida hizo proliferar los apartamentos en todos los barrios de la ciudad.
El año 2024 la Policía Local denunció a 620 apartamentos turísticos en la ciudad, mientras que en el año 2025 hasta la fecha las denuncias son 389. En 2023 se pusieron 84 denuncias.
En cuanto a distritos, son Ciutat Vella con 90 denuncias y Marítimo con 88 denuncias. Estas son las zonas donde más se han denunciado apartamentos turísticos en el año 2025.
Le siguen en el ranking de apartamentos sancionados Patraix-Jesús con más de 80 denuncias y Transits con 79 denuncias. Ruzafa con 27 y Exposición con 18 cierran los distritos con más denuncias. Uno de losdistritos donde se tramitaron menos fue Campanar donde sólo 7 durante el año 2025.
Desde el gobierno municipal se destaca que es más que evidente que este gobierno ha puesto freno a los apartamentos ilegales. “Es ridículo que el PSOE salga a decir que no se multa cuando este es el único gobierno que ha puesto cotó a los apartamentos turísticos”. Además, lo ha hecho con la primera normativa que está en fase de exposición pública. El anterior gobierno no sólo no los frenó sino que los alentó. Lo hizo con modificaciones como autorizar que los bajos comerciales se destinaran a apartamentos turísticos”.
Sore criticas el PSOE
Sobre la tramitación de sanciones es lógico que se hayan tramitado pocas. “El Ayuntamiento sólo ejerce la competencia sancionadora en materia de viviendas de uso turístico desde marzo. Por lo tanto, las posibles infracciones que se hubieran podido cometer antes de este momento no son sancionadas por el Ayuntamiento.
“Además, existen muchos expedientes sancionadores en tramitación, que por ende no han finalizado todavía mediante la resolución de imposición de una sanción. Además, la sanción es un mecanismo diferente de la orden de cierre. La orden de cierre está vinculada al restablecimiento de la legalidad urbanística. No tiene por qué llevar siempre aparejada una sanción, al igual que hay sanciones que derivan de infracciones que no llevan aparejada orden de cierre. En cambio, la sanción es un mecanismos de represión de conductas ilícitas”.
Por tanto, los hechos que pueden ser constitutivos de infracción merecedora de sanción son diferentes de los que suponen una ilegalidad urbanística. Esta debe ser restablecida mediante el cierre.
