Las principales asociaciones de víctimas de la dana han expresado su preocupación por la retirada de parte del personal de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que dirige la investigación penal sobre las riadas en las que murieron 230 personas. Consideran que esta modificación en los recursos humanos amenaza directamente el ritmo de una causa que califican de enorme complejidad y de gran trascendencia social y humana.
En un comunicado conjunto
En un comunicado conjunto, la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, Damnificados por la DANA de l’Horta Sud de Valencia y la Associació de Víctimes de la DANA 29 d’Octubre de 2024 lamentan la retirada de cuatro de los cinco puestos de refuerzo del juzgado. A su juicio, esta decisión supondrá una grave dilación en la instrucción y afectará inevitablemente al correcto desarrollo del procedimiento, al tratarse de una investigación con numerosos perjudicados, gran volumen documental y diligencias técnicas que exigen un seguimiento continuado.
Las asociaciones subrayan que el equipo ahora afectado lleva meses dedicado exclusivamente a esta causa y está integrado por personal que conoce en detalle el procedimiento. Destacan que no se trata solo de mantener puestos de trabajo, sino de preservar un equipo humano que ya funciona como un grupo coordinado y especializado, algo que consideran esencial para que la investigación avance con rigor y sin interrupciones innecesarias.
Derechos de las víctimas y medios judiciales
Las entidades de afectados insisten en que la Justicia necesita recursos suficientes, estabilidad e independencia para actuar con rigor, celeridad y garantías. Recuerdan que la tutela judicial efectiva, reconocida como derecho fundamental en la Constitución, exige medios humanos y materiales adecuados, especialmente cuando se trata de esclarecer unos hechos que causaron centenares de fallecidos y un fuerte impacto en el territorio.
En su comunicado añaden que también les preocupa el mensaje institucional que se transmite a las víctimas y a la ciudadanía. A su entender, la confianza en las instituciones no se reconstruye solo con declaraciones públicas, sino asegurando que la investigación judicial dispone de todos los recursos necesarios y que no sufre interrupciones, cambios constantes de personal o un debilitamiento progresivo de los equipos que ya se han especializado en la instrucción.
Las asociaciones recuerdan además que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha remarcado la trascendencia de mantener los refuerzos y ha planteado la necesidad de garantizar la continuidad de los recursos humanos adscritos a esta causa. Interpretan esta posición como un respaldo institucional a la idea de que el juzgado necesita estabilidad en su plantilla para poder seguir analizando con detalle lo ocurrido durante las riadas.
Los colectivos de víctimas sostienen que su reivindicación es plenamente compatible con el derecho del personal funcionario a estabilizar sus plazas y con los procesos legales de provisión y consolidación laboral. Subrayan que en ningún caso cuestionan los derechos laborales del personal de la Administración de Justicia, sino que reclaman una planificación que permita estabilizar plantillas sin desmantelar equipos especializados que ya están trabajando sobre expedientes complejos.
Por ello, piden a la Conselleria de Justicia que organice adecuadamente los recursos humanos y materiales para que los procesos de estabilización no impliquen la disolución de los equipos que han adquirido experiencia en la causa ni provoquen efectos negativos en una investigación que consideran imprescindible para el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas. Concluyen que no pueden aceptar decisiones que pongan en riesgo la celeridad y la eficacia de una instrucción de la que esperan respuestas claras y responsabilidades depuradas.
La Conselleria de Justicia ofrece garantías
Consultada sobre estas críticas, la Conselleria de Justicia sostiene que se muestra especialmente sensible ante una causa tan delicada y con tantas personas afectadas, y asegura que ha garantizado, garantiza y garantizará en todo momento los recursos necesarios para que la causa se instruya con las máximas garantías. Afirma que el juzgado que investiga la dana contará con el mismo número de funcionarios y que la jueza dispondrá del mismo número de personas durante todo el proceso de estabilización del personal.
El departamento autonómico recuerda que hace dos semanas la consellera Nuria Martínez visitó el Tribunal de Instancia de Catarroja y se reunió con su presidente para trasladarle el compromiso de la Generalitat de que la magistrada que instruye la causa de la riada continuará contando con el mismo número de funcionarios tras el proceso de estabilización de las plantillas. Según esta versión, en Catarroja no va a producirse la situación de que se quede una silla vacía durante la estabilización y la jueza contará en todo momento con las personas necesarias para seguir avanzando en la instrucción.
Durante esa visita, Martínez se interesó también por las necesidades materiales del juzgado y remarcó que, en estas condiciones, no se puede hablar ni de supresión de recursos ni de una posible dilación en la instrucción. Con este mensaje, la Conselleria intenta trasladar tranquilidad a las víctimas y al conjunto de la ciudadanía, asegurando que los cambios administrativos en el personal no afectarán al desarrollo de la causa penal sobre las riadas.
