La Asociación Naturalista de Ayora y La Valle ha denunciado ante la Fiscalía de Valencia y la Fiscalía General del Estado denuncias por presentas irregularidades en la tramitación de las evaluaciones ambientales de los proyectos de cinco parques fotovoltaicos en el Valle de Ayora-Cofrentes al considerar que pueden constituir delitos ambientales.
Según ha informado la entidad en un comunicado, estas denuncias se enmarcan dentro de la línea estratégica de litigios que ha comenzado la Coordinadora por una Ubicación Racional de las Energías Renovables en la Comunitat Valenciana y son los primeros que denuncian en esta comarca, pero advierte que hay “unos 20 macroproyectos más a la cola“.
La asociación critica que el Valle de Ayora-Cofrentes ha sido “elegido por las autoridades como tierra de sacrificio para implantar el mayor número posible de parques fotovoltaicos“, tras la instalación en 1982 de la nuclear de Cofrentes, que ha “condicionado el futuro de la comarca”.
“Después han sido varios los intentos de convertir esta tierra en basurero: amenaza de vertedero de residuos sólidos urbanos, de almacén de pararrayos radiactivos, de centro de transferencia de residuos, almacén de residuos radiactivos, macrogranjas, etc. Son incontables las veces que las autoridades han mirado hacia este valle, pero no con buenos ojos, solo con el objetivo de traer peligros o basuras”, ha denunciado la entidad.
En esta línea, ha lamentado que se instalaron 215 molinos eólicos, con una potencia total de 334 MW, “impactando en nuestras montañas, que son lugares protegidos a nivel europeo, pues integran la Red Natura 2000”.
Ahora, ha señalado que las plantas fotovoltaicas alcanzan más de 2.000 hectáreas de cultivos de secano –el equivalente a 4.000 campos de fútbol- que serán “arrasados por placas solares, un total de 1.400 MW de potencia”.
Entre las supuestas irregularidades que apunta, cita que existe “un claro caso de fragmentación de proyectos” porque cuatro de las plantas denunciadas “tienen una potencia menor de 50 MW, el límite por encima del cual la tramitación es competencia del Estado, según establece el artículo 3.13.a) de la ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico”.
Además, asegura que la administración ha admitido Estudios de Avifauna “incompletos” en cuatro de ellas, que es el mismo para siete más y para el Plan Especial de ordenación de Infraestructuras de Generación de Energía Solar Fotovoltaica de los municipios de Jarafuel, Zarra y Ayora.
En la misma línea, añade que no se han valorado las afecciones a especies en peligro de extinción, como el milano real y el águila imperial –en expansión en la zona y con proyecto para su asentamiento- o la existencia de otro proyecto para la atracción del lince ibérico. “Estos proyectos se realizan porque se trata de una comarca idónea para la recuperación y pervivencia de fauna amenazada“, avisa la entidad.
En este ámbito de argumentación, asegura que se ha “ocultado” en toda la tramitación de los expedientes que el Águila-azor perdicera “se encuentra en peligro de extinción” y que no ha existido un Estudio de Repercusiones sobre la Red Natura 2000; que en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de los proyectos se “ignora” la presencia de Área Estratégica 1 de recarga de acuíferos; que no se ha tenido en cuenta el valor paisajístico del Paisaje de Relevancia Regional y que existe incompatibilidad con el planeamiento local del municipio.
Desde ANAV se tiene el “total convencimiento” de que se están autorizando “prácticamente la totalidad de los proyectos de plantas fotovoltaicas que se presentan para su localización en el Valle simplemente porque la zona se ha declarado de ‘prioridad energética’, por tanto, las evaluaciones de impacto ambiental son puro trámite, de modo que no entran a valorar suficientemente los factores del medio que son afectados por estos macroproyectos”.
“Y lo peor de todo esto es que la declaración de prioridad energética con que las autoridades han bautizado al Valle se tramitó de urgencia y sin consenso, además basándose en informes poco claros y carentes de suficiente rigor científico-técnico“, concluye.
